Este lunes la representante legal de la Fundación Urbanismo Social, Camila Ramírez, solicitó ante la justicia la apertura de un proceso de quiebra para la organización, esto en medio de las investigaciones por el Caso Convenios.
En ese sentido, Ramírez aseguró que la fundación tiene problemas de liquidez además de “deudas cuantiosas, que superan con creces su muy escaso patrimonio”.
“Por la nula capacidad económica de la fundación, se hace insostenible su situación actual, por lo que se ve en la obligación de presentar su liquidación voluntaria“, añade la solicitud presentada.
“Como es de público y notorio conocimiento, durante el mes de junio de 2023 se da a conocer el denominado Caso Convenios, que produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector vivienda”, afirman.
De la misma manera, se asegura que hubo “un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia”, declaró.
Actualmente, Urbanismo Social es investigada por la Fiscalía tras recibir por trato directo una serie de recursos públicos desde distintas instituciones del Estado. En ese sentido, Las seremis de Vivienda y Urbanismo del Maule y del Biobío están siendo investigadas por estos convenios.