La violencia escolar en Chile volvió al centro del debate público tras el asesinato de una inspectora en un establecimiento educacional de Calama, hecho que generó conmoción nacional y reactivó la discusión sobre la seguridad en los colegios.
El ataque ocurrió el viernes 27 de marzo, cuando un estudiante de 18 años agredió con un arma blanca a funcionarios y alumnos, provocando la muerte de una inspectora de 59 años y dejando al menos cuatro personas heridas. Este hecho, considerado de extrema gravedad, instaló nuevamente cuestionamientos sobre si los recintos educativos continúan siendo espacios seguros.
Percepción ciudadana en alerta
La preocupación no es reciente. Un estudio del Observatorio Social de la Universidad del Alba evidenció que un 78,9% de las personas considera que la violencia entre estudiantes es frecuente o muy frecuente, lo que confirma que la violencia escolar en Chile es percibida como un problema extendido.
El informe, basado en una muestra de 1.000 personas mayores de 18 años en 70 comunas, identifica como principales formas de agresión la violencia psicológica, física y el ciberacoso. Además, revela un dato especialmente relevante: solo un 36,6% de los encuestados cree que los colegios son espacios seguros para niños y adolescentes.
A esto se suma que un 52% califica la violencia juvenil como “muy preocupante”, asociándola a factores como la falta de disciplina en el hogar, el consumo de alcohol y drogas, y la influencia de redes sociales.
El académico del Observatorio Social, Marcelo Estrella, señaló que: “La violencia escolar ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un problema estructural que refleja tensiones en la familia, la comunidad y las redes sociales. Los resultados muestran que la ciudadanía ya no percibe la escuela como un espacio seguro, y eso es una alerta que no podemos ignorar si queremos preservar su rol formativo y protector”.
Medidas en discusión y enfoque preventivo
Tras el crimen, el Gobierno planteó medidas como la instalación de detectores de metales y el refuerzo de seguridad en establecimientos educacionales. Sin embargo, expertos advierten que el enfoque no debe limitarse al control físico.
Según el mismo estudio, la ciudadanía prioriza estrategias preventivas. Entre las más respaldadas destacan:
- Participación activa de apoderados en programas preventivos (25,5%)
- Mayor autoridad para profesores y directivos (21,6%)
- Orientación psicológica en los colegios (21%)
En contraste, solo un 13,1% apoya la expulsión inmediata de estudiantes violentos, lo que refuerza la idea de que la solución debe centrarse en la formación y el acompañamiento.
Desde el Observatorio Social indicaron: “Los resultados muestran una ciudadanía que demanda prevención, más vínculo entre las familias y las escuelas, y un Estado capaz de responder con políticas integrales. La violencia escolar es un síntoma de problemas más profundos que afectan a toda la sociedad”.
Violencia escolar: Un problema estructural en aumento
El caso de Calama marcó un punto de inflexión en la percepción pública. La violencia escolar en Chile ya no se observa solo como conflictos entre estudiantes, sino como un fenómeno que puede escalar a hechos de extrema gravedad.
Entre los principales hallazgos del estudio destacan:
- 8 de cada 10 personas perciben alta frecuencia de violencia escolar
- Existe una mayoría que considera que los colegios han dejado de ser espacios seguros
- Se evidencia falta de herramientas para enfrentar conflictos en comunidades educativas
El debate continúa abierto, con un consenso creciente: la seguridad escolar requiere una respuesta integral que involucre a familias, comunidades educativas y autoridades.
