El próximo 26 de abril de 2026 entrará en vigencia la segunda etapa de la Ley 21.561, normativa que establece la reducción de la jornada laboral en Chile de 44 a 42 horas semanales.
Esta modificación forma parte del calendario gradual que fija la ley para alcanzar una jornada máxima de 40 horas semanales en 2028. La normativa también establece que la disminución de horas no puede implicar una rebaja en las remuneraciones de los trabajadores.
La reforma modificó el artículo 22 del Código del Trabajo de Chile, con el objetivo de reducir progresivamente el tiempo de trabajo manteniendo los ingresos de los empleados.
La primera etapa de esta transformación se aplicó en abril de 2024, cuando la jornada laboral disminuyó de 45 a 44 horas semanales. Con la nueva reducción prevista para 2026, el recorte acumulado alcanzará tres horas semanales en un periodo de dos años.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, más de cinco millones de trabajadores del sector privado cumplen actualmente jornadas ordinarias, por lo que la reducción de la jornada laboral se considera uno de los cambios más relevantes en materia laboral durante la última década.
Adaptación de empresas y nuevas modalidades laborales
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile informó que la reducción de la jornada laboral deberá aplicarse automáticamente a partir de abril de 2026, a menos que empleadores y trabajadores acuerden implementarla antes de esa fecha.
La ley también contempla mecanismos de adaptabilidad laboral, los cuales permiten reorganizar las jornadas mediante acuerdos entre las partes.
Entre las opciones disponibles destacan promedios de jornada en ciclos de hasta cuatro semanas y esquemas de cuatro días de trabajo seguidos por tres días de descanso.
Para las empresas, el principal desafío inmediato será reorganizar turnos y administrar adecuadamente las horas extraordinarias, cuyo límite legal se mantiene en dos horas diarias por trabajador.
Mayor fiscalización en el registro de jornada
En paralelo a la reducción de la jornada laboral, la Dirección del Trabajo de Chile ha reforzado la fiscalización del cumplimiento del artículo 33 del Código del Trabajo, que obliga a los empleadores a mantener un registro de asistencia y control de las horas trabajadas.
Durante 2024, la institución realizó más de 140 mil fiscalizaciones laborales en todo el país, donde las infracciones relacionadas con jornadas laborales y control de asistencia se ubicaron entre las más sancionadas.
Las multas por incumplimiento pueden variar entre 3 y 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada trabajador afectado, dependiendo del tamaño de la empresa.
Además, desde la entrada en vigencia de la Resolución Exenta N.º 38, los sistemas electrónicos de control de asistencia deben cumplir requisitos técnicos específicos, entre ellos trazabilidad de datos, registros inalterables y disponibilidad inmediata de la información ante fiscalizaciones.
En este contexto, Francisco Díaz, representante de la empresa Workera, señaló que las organizaciones enfrentan diversos desafíos al implementar este tipo de reformas.
“Los principales desafíos que viven las organizaciones cuando se implementan reformas de este tipo son: la reorganización de turnos y jornadas laborales, el control de las horas extraordinarias, el contar con registros confiables de asistencia que permitan demostrar el cumplimiento de la normativa frente a inspecciones, entre otros.”, explicó Francisco Díaz, Country Manager de Workera en Chile.
El ejecutivo agregó que estos cambios también pueden generar oportunidades para modernizar la gestión interna de las empresas.
“Desde Workera by Qwantec hemos visto de primera mano cómo estos procesos pueden transformarse en una oportunidad para modernizar la gestión de personas, mejorando la eficiencia y la transparencia en la gestión de la jornada laboral.”, afirmó Francisco Díaz, Country Manager de Workera en Chile.
Próximas etapas hacia la jornada de 40 horas
Tras la implementación de la reducción de la jornada laboral a 42 horas en 2026, la ley establece una tercera etapa programada para abril de 2028, momento en que la jornada ordinaria quedará fijada definitivamente en 40 horas semanales.
El calendario ya se encuentra definido por la legislación vigente. En este escenario, las empresas deberán ajustar sus procesos operativos y asegurar el cumplimiento del registro de jornada conforme a las exigencias legales antes de la próxima reducción.
