El cobro del CAE en Chile entró en una nueva fase luego de que el Gobierno iniciara un proceso de recuperación de deuda dirigido a quienes mantienen morosidad en el Crédito con Aval del Estado. La medida, ejecutada por la Tesorería General de la República, se aplica en un contexto marcado por el aumento sostenido de deudores impagos.
Según cifras de la Comisión Ingresa, más de 1,2 millones de personas han accedido al crédito desde su creación en 2006. Sin embargo, la morosidad alcanzó un 53% al cierre de 2025, lo que equivale a cerca de 423 mil deudores, cifra que contrasta con el 28% registrado en 2022.
Cobros se enfocan en deudores de mayores ingresos
El plan impulsado por el Ejecutivo prioriza inicialmente a contribuyentes con ingresos superiores a $5 millones mensuales, avanzando posteriormente hacia otros segmentos. Esta estrategia busca recuperar recursos fiscales en medio de un escenario de alta deuda estudiantil.
El abogado Eduardo Lara, del estudio jurídico Alfaro y Madariaga, advirtió sobre un cambio en la forma en que el Estado enfrenta esta situación. “Estamos viendo un cambio relevante en la forma en que el Estado está enfrentando la morosidad del CAE. No hacer nada o ignorar la deuda es la peor decisión, porque los intereses siguen creciendo y se pierden beneficios importantes”, afirmó.
Entre las primeras acciones, destaca la retención de devoluciones durante la Operación Renta, mecanismo que ya se encuentra en aplicación. No obstante, el especialista alertó sobre un escenario más exigente: “se está avanzando hacia mecanismos más agresivos de cobro. El descuento directo en cuentas corrientes ya comenzó a implementarse en ciertos casos, y aunque hoy se enfoca en altos ingresos, legalmente podría extenderse a otros segmentos”.
Riesgo de embargo y efectos financieros
El cobro del CAE en Chile también contempla la posibilidad de acciones judiciales. Según explicó Lara, “Debe existir una demanda ejecutiva. Este es un proceso judicial que puede tardar entre tres y seis meses, no ocurre de un día para otro”.
Aun así, enfatizó el rol activo del organismo recaudador: “Tiene facultades administrativas más ágiles para cobrar deudas tributarias. Si se intentara aplicar algo similar al CAE, habría que analizar su legalidad, pero claramente el escenario se vuelve más exigente para los deudores”.
En la práctica, las medidas tienden a centrarse en el embargo de fondos bancarios, aunque la legislación protege bienes esenciales. Además, el no pago genera consecuencias relevantes. “El no pago implica intereses que aumentan considerablemente la deuda, y además se pierden beneficios como el pago contingente al ingreso. Incluso podría limitar el acceso a futuras condonaciones”, sostuvo el abogado.
Llamado a regularizar y prevenir sanciones
El experto también aclaró que estas deudas no se publican en registros como DICOM, aunque sí pueden influir en evaluaciones internas de entidades financieras.
Finalmente, hizo un llamado a la acción temprana frente al cobro del CAE en Chile. “Si las dificultades económicas son reales e impiden el pago, se deben utilizar los plazos legales para la defensa en juicio (incluida la prescripción contra el banco), proteger domicilios y bienes, y buscar alternativas para declarar la deuda incobrable ante el Fisco”, indicó.
Asimismo, recomendó revisar periódicamente el estado de la deuda en plataformas oficiales. “Es clave revisar el estado de la deuda con anticipación, utilizando el RUT y la Clave Única en los sitios del Poder Judicial o la Tesorería. Anticiparse puede evitar retenciones inesperadas o medidas más gravosas”, concluyó.
