Economía

Chilenos confían más en empresas mineras que en los políticos o la justicia, según encuesta

Chilenos confían más en empresas mineras que en los políticos o la justicia, según encuesta

La industria y empresas mineras en Chile ha alcanzado su nivel más alto de confianza en los últimos cuatro años, según la encuesta Brújula Minera, que revela que el 38% de los encuestados confía en las compañías del sector.

Este porcentaje supera ampliamente al de otras instituciones, como los partidos políticos (3%), el Congreso (6%), las iglesias cristianas (19%) y católica (17%), e incluso la figura presidencial, que obtuvo un 28% de confianza.

El estudio, que abarcó ocho países de América Latina, destaca una notable diferencia en la percepción de la minería entre Chile y el resto de la región. Mientras que el 68% de los chilenos se opone a prohibir la actividad minera, solo el 45% de los latinoamericanos comparte esta postura.

Además, el 82% de los encuestados en Chile cree que la minería, si se realiza de manera adecuada, trae desarrollo a las regiones donde opera, en comparación con el 74% en América Latina.

Esto, gracias a las diferentes iniciativas sostenibles de reutilización y reciclaje de residuos, que han sido estándar para proyectos en ejecución y futuros, como medidas activas de cuidado para el medio ambiente.

Las claves de la confianza a empresas mineras

Autoridades del área atribuyen este aumento en la confianza a varios factores. La minería ha mejorado en credibilidad porque es el sector productivo que genera mayor aporte social y económico al país y a las regiones donde opera.

Además, destacan los esfuerzos del sector por mejorar la comunicación y la transparencia, así como la implementación de un nuevo royalty minero en 2023, que ha incrementado las contribuciones tributarias del sector en un 15% en promedio y ha proporcionado transferencias directas a las comunas de Chile.

El apoyo a la minería ha ido en aumento, pasando de un 28% en 2021 a un 58% en la actualidad. Este crecimiento refleja una mayor valoración pública de los beneficios económicos y sociales que la minería aporta, incluyendo la generación de empleo y el dinamismo económico en las ciudades mineras.

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