El Gobierno de Argentina encabezado por Javier Milei, presentó este jueves una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Venezuela por la presunta detención arbitraria y desaparición forzada de Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). La acusación señala como responsable al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien ha justificado la detención del argentino bajo cargos de terrorismo.
Según el gobierno argentino, el incidente ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando Nahuel Gallo fue detenido tras ingresar a Venezuela desde Colombia, supuestamente para visitar a su pareja y a su hijo, quien cumple dos años en enero.
Sin embargo, el fiscal Tarek William Saab afirmó en un comunicado que Gallo intentó entrar al país de manera “irregular”, ocultando un “plan criminal”. El funcionario venezolano lo acusó de conspirar en acciones desestabilizadoras y terroristas, supuestamente apoyadas por “grupos de la ultraderecha internacional”.
Gallo enfrenta cargos por “conspiración” y “asociación para delinquir” y permanece recluido en Caracas.
Respuesta de Argentina
La Cancillería argentina calificó la detención como una violación flagrante a los derechos humanos y parte de un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que, según el gobierno de Milei, se cometen en Venezuela y son competencia de la CPI.
“La retórica vacía y los agravios infundados del fiscal Saab no podrán ocultar la gravedad de este caso ni justificar las atrocidades que legitima desde su cargo”, señaló el canciller Gerardo Werthein en un comunicado.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también cuestionó las acusaciones del fiscal venezolano, asegurando que Gallo ingresó al país de manera legal y que su detención fue ilegal: “Lo que no fue legal fue la forma en que lo secuestraron en la frontera”.
Ruptura diplomática
La relación entre los gobiernos de Javier Milei y Nicolás Maduro ya era tensa antes del incidente. En julio de 2024, Milei desconoció la reelección de Maduro para un tercer mandato, lo que llevó a la ruptura total de relaciones diplomáticas.
Actualmente, la embajada argentina en Caracas es custodiada por Brasil, mientras que en sus instalaciones permanecen refugiados cinco colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, acusados de terrorismo.
El Gobierno argentino reafirmó su intención de llevar el caso de Nahuel Gallo “a todas las instancias necesarias” para garantizar su liberación y responsabilizar a Venezuela por las violaciones a los derechos humanos.
La denuncia presentada ante la CPI es un paso más en la escalada de tensiones entre ambos países, marcando un nuevo capítulo en las relaciones internacionales de la región.
