La Comunidad Palestina de Chile endureció el tono frente al Gobierno tras condenar la acción de fuerzas israelíes contra la Flotilla Global Sumud, denunciando que no se trata solo de un incidente internacional, sino de un hecho que “pone a prueba la capacidad del Estado chileno para proteger a sus ciudadanos fuera del territorio”.
En una operación militar realizada en aguas internacionales, cerca de las costas de Grecia, se perdió todo contacto con las más de 170 personas que integraban la misión. La organización calificó el hecho como una vulneración grave del derecho internacional y advirtió que “el silencio o demora en la reacción del Ejecutivo sería inaceptable”.
Dentro del grupo de afectados, la Comunidad Palestina denunció el secuestro de la ciudadana chilena Macarena Chahuán, quien habría sido privada de libertad tras el abordaje. Desde ese momento, no existe comunicación con los tripulantes, lo que mantiene en incertidumbre su paradero y estado.
El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis Massú, señaló que: “En esta flotilla iba un grupo importante de 5 o 6 chilenos. Sabemos que fueron interceptados y asaltados de forma ilegal en aguas internacionales, lo cual es un delito internacional. Al ser asaltados, ellos botaron los celulares y hoy no hay contacto con ellos; no sabemos dónde están”.
“Es muy importante que el Gobierno actúe de forma rápida y contundente para ubicar a estas personas, liberarlas y preocuparse de su integridad física. Tenemos especial preocupación por Macarena Chahuán, una persona muy conocida en nuestra comunidad que ha estado en contacto permanente con nosotros y con los medios”, afirmó.
La organización fue más allá y emplazó directamente a La Moneda a asumir un rol activo, señalando que este caso “no admite ambigüedades diplomáticas ni declaraciones genéricas”.
“Aquí hay una chilena secuestrada y un grupo de compatriotas desaparecidos en una operación ilegal. Chile no puede mirar al techo”, advirtieron.
Finalmente, hicieron un llamado a activar todos los canales diplomáticos y a coordinarse con organismos internacionales para exigir la liberación inmediata de los voluntarios, subrayando que “lo que está en juego no es solo un conflicto externo, sino la defensa concreta de ciudadanos chilenos y el respeto al derecho internacional”.
