Nicolás Maduro afirmó que hay 2.000 personas detenidas en el país tras las protestas contra los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales, donde resultó ganador proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, prometió castigos severos para los manifestantes, afirmando que “no habrá perdón” para quienes considera responsables de actos violentos durante las manifestaciones.
“Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para (las cárceles) Tocorón y Tocuyito, máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón”, aseguró el mandatario.
Maduro insistió en que los actos cometidos por los detenidos son “muy graves”, acusándolos de incendiar centros electorales y oficinas regionales del CNE. Según el presidente, los arrestados han confesado estos delitos durante un “proceso estricto legal”, supervisado por la Fiscalía General de la República. “Todos confiesan, todos, porque ha habido un proceso estricto legal, dirigido por la Fiscalía General de la República, con plenas garantías y todos están convictos y confesos”, añadió.
Además, en su discurso Maduro volvió a mencionar que venezolanos fueron preparados en Chile para desestabilizar al país: “Un 80% fueron entrenados en Texas, Perú y Chile. Los metieron en un plan en los 11 meses”, sostuvo.
Preparativos para nuevas cárceles
El jueves pasado, Maduro ordenó el confinamiento de los manifestantes detenidos en las cárceles de Tocorón y Tocuyito, una medida que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Durante una reunión con empresarios, el presidente señaló que estas prisiones estarán listas en los próximos 15 días.
“Estoy preparando dos cárceles, que debo tener listas en 15 días, ya estaban preparándose (Tocorón y Tocuyito), y todos los guarimberos (manifestantes violentos) van para estos penales”, afirmó.
Las protestas en Venezuela surgieron tras la reelección de Maduro ampliamente cuestionada tanto por la oposición interna como por la comunidad internacional, que ha denunciado irregularidades en el proceso electoral.
Mientras tanto, familiares de los detenidos y varias organizaciones no gubernamentales han denunciado que el Estado está impidiendo que los arrestados reciban asistencia legal privada y tengan contacto con sus familiares.
