El Gobierno de Perú anunció que en las próximas horas se declarará el estado de emergencia en Lima y Callao, con el objetivo de enfrentar la escalada de violencia que afecta al país. La medida incluirá el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, según informó el primer ministro, Gustavo Adrianzén, a través de un mensaje en la red social X.
Esta decisión surge luego del asesinato del cantante Paul Flores, integrante del grupo de cumbia Armonía 10, quien falleció tras un ataque armado contra el autobús de la banda en una autopista de Lima. El crimen ha generado una fuerte indignación en la ciudadanía y presión sobre el Gobierno para tomar acciones inmediatas.
Además del estado de emergencia y el despliegue militar, Adrianzén informó que se convocará este martes a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), instancia que reúne a las principales autoridades del país. Asimismo, se impulsará una reforma integral del sistema penitenciario como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado.
“En la lucha contra el crimen organizado, todos los peruanos debemos mantenernos unidos, superando nuestras diferencias”, señaló el primer ministro.
Crisis política y pedido de renuncia del ministro del Interior
El asesinato de Flores intensificó los llamados a la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Diferentes sectores políticos, incluido el partido Fuerza Popular, han solicitado su destitución, argumentando que no ha logrado controlar la crisis de seguridad.
La congresista Susel Paredes confirmó que ya cuenta con las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra Santiváñez, la cual deberá ser debatida y votada en los próximos días en el Congreso. “Ahora comienza el verdadero partido para ver quiénes defienden al Perú”, afirmó la parlamentaria.
Según medios locales, el ataque contra el grupo Armonía 10 podría estar vinculado a bandas de extorsionadores, quienes exigen grandes sumas de dinero a cambio de seguridad. Este tipo de delitos han aumentado en los últimos meses, afectando a empresarios, comerciantes y figuras públicas.
Adrianzén expresó sus condolencias a la familia y colegas de Paul Flores, asegurando que el crimen “no quedará impune”. En tanto, el Gobierno de Dina Boluarte enfrenta una creciente presión política para endurecer su postura frente a la delincuencia y la inseguridad.
