El Servicio Nacional de Aduanas, a través de la Aduana Metropolitana, presentó una querella por el delito de contrabando reiterado en contra del representante legal de una empresa importadora, tras detectar dos operaciones con mercancías subvaloradas y documentación falsa, que en conjunto superan los $86 millones en valor real de los bienes.
La acción judicial fue impulsada por la Aduana Metropolitana, luego de identificar inconsistencias en dos operaciones de importación realizadas por la empresa Xiyu Internacional SpA. Estas irregularidades incluyeron la utilización de documentos falsificados y una significativa evasión de tributos.
El Director Regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, destacó la coordinación institucional en el proceso investigativo. “este caso refleja el trabajo coordinado de nuestras distintas unidades. La alerta temprana generada por la Unidad de Inteligencia y Análisis, junto con la labor de fiscalizadores y fiscalizadoras en terreno y el posterior trabajo del área jurídica, permitió levantar antecedentes sólidos y ejercer las acciones correspondientes”, afirmó.
Fiscalización y detección de irregularidades
La investigación se inició a partir de alertas de riesgo levantadas por la Unidad de Inteligencia y Análisis. Estas detectaron patrones sospechosos en las declaraciones de ingreso, lo que activó fiscalizaciones en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
En la primera operación, la empresa declaró el ingreso de 3.263 soportes de celular por un valor FOB de USD 986,99. Sin embargo, la revisión física reveló 30 bultos con 3.246 productos diversos, incluyendo accesorios electrónicos, herramientas y artículos de distintas marcas. Tras el proceso de valoración, se estableció un valor FOB real de USD 54.839,48, con tributos eludidos por más de USD 11 mil.
En un segundo caso, se informó la importación de 1.885 productos, entre baterías externas, relojes inteligentes y accesorios, por un valor FOB de USD 4.506,60. No obstante, la fiscalización detectó descripciones genéricas y falta de información relevante. Finalmente, se determinó un valor FOB real de USD 34.671,15, con impuestos no pagados que superan los USD 7 mil.
El modus operandi identificado en este caso consistía en declarar mercancías con valores considerablemente inferiores a los reales. Posteriormente, al iniciarse las revisiones, se presentaban facturas alteradas y comprobantes de pago inconsistentes para justificar los montos declarados inicialmente.
Acciones judiciales y sanciones solicitadas
A partir de estos antecedentes, el Servicio Nacional de Aduanas procedió a la incautación total de las mercancías involucradas y a la denuncia de los hechos. El Departamento de Defensa Judicial consolidó la información recopilada durante la fiscalización, lo que permitió sustentar la querella presentada ante la justicia.
En la acción judicial, actualmente en tramitación, se solicita una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, además de una multa superior a $431 millones, equivalente a cinco veces el valor de las mercancías involucradas.
El Servicio Nacional de Aduanas reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de control y análisis para enfrentar el contrabando, resguardando el comercio legal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país.
