La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, celebró la promulgación de la ley que sanciona como delito el uso, venta y fabricación de fuegos artificiales, y que se realizó esta mañana en La Moneda, en una ceremonia a la que fue invitada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto a otros alcaldes de la Región Metropolitana.
Leitao afirmó que “el uso ilegal de fuegos artificiales en nuestros barrios, en nuestras poblaciones y en nuestras comunas tiene aterrorizados a nuestros vecinos. No es algo esporádico, sino permanente que no deja dormir y altera la vida de las personas de una manera extrema”.
La jefa comunal recordó que esta nueva ley es el resultado de las gestiones que ella junto a otros alcaldes iniciaron hace años para contar con un instrumento que permitiera, de manera efectiva, perseguir tanto a quienes ingresan estos elementos pirotécnicos al país, como a aquellos que los comercializan y utilizan, porque hasta ahora si eran sorprendidos, sólo se les podía cursar una citación al Juzgado de Policía Local.
Leitao señaló que “a mí me correspondió desde hace años pedirle a varios ministros del Interior y a algunos jefes policiales, que se actuara frontalmente frente a este tema y que se tipificara el tema de los fuegos artificiales como un delito”.
“En esa oportunidad la idea era incorporarlo en la Ley de Incivilidades y finalmente -por intervención de los alcaldes- se hizo a través de la ley de Control de Armas, en una tramitación en el Congreso donde también estuvimos insistiendo para que esto pudiera salir a la luz”, complementó.
La alcaldesa de Peñalolén se mostró esperanzada en que esta nueva legislación permitirá también ir detrás de “bandas de narcotráfico que buscan controlar ciertos territorios o infundir temor en la población a través del uso de estos aparatos, porque se confunden muchas veces con los sonidos de ráfagas de disparos o con detonaciones que parecen bombas”.
Finalmente, la jefa comunal insistió en el “llamado a las policías, las fiscalías y los tribunales, para que usen esta herramienta y puedan generar una investigación que permita aplicar penas de cárcel a las personas que los ingresan al país y los comercializan, y por supuesto detener a quienes los manipulan. Con eso también se elimina un riesgo, porque han aumentado los niños, jóvenes y personas adultas que han resultado quemadas por la manipulación de estos elementos”.
