El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó las prioridades del Gobierno en seguridad y adelantó un fortalecimiento de recursos para enfrentar la delincuencia.
Durante una sesión de la Comisión de Seguridad en San Bernardo, la autoridad explicó que el Ejecutivo trabaja en nuevas medidas para esta área. Arrau señaló que el proyecto de mejoramiento de Carabineros contempla US$100 millones anuales, mientras próximamente se presentará una iniciativa para la Policía de Investigaciones.
Seguridad tendrá foco en el presupuesto
Consultado por el Presupuesto 2027, el ministro confirmó que la seguridad tendrá un foco especial dentro de los recursos del Gobierno. “No vamos a anticipar montos ni porcentajes, eso le corresponde al Ministro de Hacienda”, explicó Arrau.
Sin embargo, aseguró que la prioridad se reflejará en distintas áreas de gestión. “Este gobierno tiene un principal enfoque y fue elegido por la dedicación a las materias de seguridad, y eso se va a ver reflejado no solamente en las leyes, en las acciones policiales, en los apoyos, sino que también en los presupuestos”, sostuvo.
Arrau abre la puerta a nuevo estado de excepción
El ministro fue consultado por la posibilidad de establecer un nuevo estado de excepción calificado, propuesta planteada por parlamentarios.
Arrau aseguró que el Gobierno busca contar con mayores herramientas para intervenir en sectores donde resulta difícil desarrollar acciones policiales. “El gobierno no está enamorado de una redacción en particular, lo que nos interesa es lograr el objetivo”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que las alternativas planteadas pueden ser apropiadas si permiten reforzar las capacidades de seguridad. “Si esa es la solución y nos permiten preventivamente establecer un estado de excepcionalidad para usar la fuerza de mayor manera y alguna otra herramienta, bienvenido sea”, señaló.
La sesión también estuvo marcada por la situación del alcalde de San Bernardo, Christopher White, tras conocerse una planificación para atentar contra su vida.
Arrau destacó la necesidad de coordinar la acción de los distintos poderes del Estado para fortalecer la seguridad y entregar nuevas herramientas frente al crimen.
