La Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile abordó los distintos cuestionamientos surgidos tras la entrada en vigencia de la Ley 21.722, que modificó el sistema de fiscalización de estos auxiliares de la administración de justicia.
La entidad afirmó que los oficios han sido fiscalizados históricamente por los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones a lo largo del país. Además, sostuvo que ese trabajo se ha desarrollado de manera proactiva y dentro del marco legal vigente.
Respecto de las fianzas, explicó que el sistema anterior exigía rendir cauciones al momento de asumir el cargo. También indicó que las más antiguas podían actualizarse administrativamente para garantizar una adecuada cobertura ante eventuales indemnizaciones o multas.
La asociación destacó que más del 70% de sus asociados cuenta con seguros de responsabilidad civil adicionales, con coberturas superiores a las exigidas por la ley. Según señaló, este mecanismo se promueve desde hace más de 28 años.
Sobre la Declaración de Intereses y Patrimonio, recordó que la Corte Suprema estableció que las fiscalías judiciales son las encargadas de supervisar su cumplimiento. En ese contexto, aseguró que no han existido mayores inconvenientes respecto de notarios, conservadores y archiveros titulares.
En relación con la contratación de familiares, manifestó que la nueva normativa no puede aplicarse con efecto retroactivo. Asimismo, sostuvo que deben respetarse las disposiciones laborales vigentes y los derechos fundamentales de los trabajadores.
