La Corte de Apelaciones de Iquique revocó la resolución que ordenaba el regreso del denominado clan Chen Chen a la cárcel de Alto Hospicio, por lo que los imputados deberán permanecer en el recinto penitenciario La Laguna, en Talca.
La decisión modifica lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de Iquique, que había dispuesto el traslado de los cuatro integrantes del grupo criminal a la región de Tarapacá.
Corte respalda decisión de Gendarmería
Los involucrados —Longdi Chen, Wen Chen, Wu Chen y Yonjie Chen— permanecen en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
Según los antecedentes del caso, formarían parte de una organización criminal transnacional de origen chino con un importante poder económico.
La Corte de Apelaciones argumentó que las decisiones sobre traslados penitenciarios corresponden exclusivamente a Gendarmería de Chile, señalando que los tribunales no deben determinar el recinto específico donde deben permanecer los imputados.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, valoró la resolución y aseguró que esta reafirma las atribuciones del organismo penitenciario. “La resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique es relevante, puesto que ratifica que es el director nacional de Gendarmería quien, en conformidad con las facultades que la ley le confiere, debe determinar qué imputados o condenados deben encontrarse en ciertos recintos penales y cuáles de ellos van a estar en máxima o alta seguridad”, afirmó.
El secretario de Estado agregó que “es relevante siempre mirar lo que es el control de la seguridad carcelaria”.
Operación Cancerbero continúa bajo investigación
El traslado a la cárcel La Laguna, en Talca, había sido determinado por Gendarmería debido a razones de seguridad, considerando el perfil de los imputados y las características de la investigación.
Con esta resolución, el clan continuará privado de libertad en dicho recinto mientras avanza la causa judicial relacionada con la Operación Cancerbero.
El fallo establece que los tribunales penales deben abstenerse de disponer el traslado de personas imputadas a un centro penitenciario determinado, reafirmando las facultades administrativas del organismo penitenciario.
