La Contraloría General de la República (CGR) presentó este jueves su informe anual ante el Congreso Nacional. En el documento se reportan irregularidades en el gasto público por más de $1,5 billones de pesos, resultado de 792 auditorías realizadas en distintas instituciones del Estado.
Las observaciones más relevantes apuntan a deficiencias en rendiciones de cuentas, pagos sin justificación, contratos incumplidos y mal uso de recursos públicos. Estas fallas se detectaron en varios organismos, tanto a nivel central como regional.
En materia contable, la CGR objetó $359 mil millones por incumplimientos a normas presupuestarias y contables. Además, detectó $328 mil millones en fallas ligadas al cumplimiento de contratos suscritos con fondos fiscales. La revisión de rendiciones de cuentas mostró $316 mil millones comprometidos por informes con errores o carencias documentales.
El informe también identificó $252 mil millones en fallos en el manejo de fondos públicos y $81 mil millones por problemas en la administración de ingresos. El proceso de adquisiciones reveló $80 mil millones en errores, mientras que $57 mil millones corresponden a gastos sin respaldo. Otros hallazgos totalizan $30 mil millones por fallas de carácter transversal.
Carabineros y gobiernos regionales concentran los mayores montos observados por Contraloría
Los gobiernos regionales lideran la lista con más de $303 mil millones en observaciones. La Contraloría señala que existen irregularidades estructurales en la postulación, ejecución y rendición de proyectos financiados con fondos públicos.
Por su parte, Carabineros de Chile suma $151 mil millones en recursos objetados. Entre las situaciones más graves se encuentran 463 casos de funcionarios que recibieron pagos indebidos durante hasta 20 años, sin que se intentara recuperar esos dineros.
Las delegaciones presidenciales también aparecen con antecedentes preocupantes. Según el informe, se repite un patrón de pagos duplicados, compras con sobreprecio, contratos no ejecutados y ausencia de controles efectivos.
Este informe revela una falta sistemática de control en la administración pública. Las irregularidades en el gasto público detectadas por la CGR alertan sobre la necesidad urgente de mejorar la supervisión financiera estatal.
