La Contraloría General de la República (CGR) decidió ampliar su radio de fiscalización y ofició a 232 municipalidades del país para que detallen las acciones adoptadas respecto a descuentos salariales a profesores que adherieron a recientes paralizaciones.
El documento fue remitido el pasado viernes 6 de junio y establece un plazo de cinco días hábiles para que los municipios entreguen la información requerida, incluyendo detalles de los funcionarios afectados y montos descontados.
Criterio claro y aplicable
El órgano contralor recordó que, según el dictamen N° 52.122 de 2009, la adhesión voluntaria a una paralización irregular no constituye justificación válida para ausentarse del trabajo y, por lo tanto, debe implicar el descuento proporcional de remuneraciones.
“El principio de continuidad del servicio público es ineludible”, señala el oficio, subrayando además que las entidades estatales tienen la obligación de actuar con eficiencia y eficacia en la administración de recursos públicos.
Informe detallado y complementario
Las municipalidades deberán informar las medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento de los servicios educativos durante las jornadas de movilización. También deben precisar qué acciones se tomaron para hacer efectivos los descuentos correspondientes y si se adoptaron otras disposiciones adicionales frente a la situación.
En los casos donde aún no se han aplicado rebajas, la Contraloría instruyó a las entidades a complementar la información tan pronto como los descuentos sean ejecutados, incluyendo la identificación del personal afectado y el detalle de las sumas descontadas.
El documento también fue enviado a todas las Contralorías Regionales y a la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la CGR, lo que demuestra la magnitud del monitoreo.
La instrucción marca un nuevo paso del ente fiscalizador en su estrategia para supervisar el cumplimiento de deberes laborales en el ámbito público, particularmente en un contexto donde las paralizaciones docentes han sido reiteradas.
