La Contraloría General de la República entregó un plazo de 15 días hábiles a la Municipalidad de Santiago para abrir un sumario interno, tras detectar irregularidades graves en el registro de asistencia de sus funcionarios y el pago de horas extraordinarias correspondiente al periodo enero–diciembre de 2024.
Según el informe N.º 215 de 2025 del órgano contralor, el sistema de control horario utilizado es manual y no garantiza la integridad ni exactitud de la información, lo cual genera preocupaciones en relación a los altos montos pagados por horas extras.
A través de su página web, Contraloría detalló que “de una muestra de 74 empleados, el 77% registró la misma hora de ingreso y salida, sin que exista evidencia de que estas anotaciones reflejen efectivamente la jornada laboral real. Esto sugiere que podría tratarse de una práctica generalizada dentro del municipio, además de pagos de horas extras sin respaldo documental.
Durante inspecciones realizadas los días 25 y 27 de marzo de 2025, entre las 08:30 y las 15:30 horas, se constató que 20 funcionarios no registraron en el libro de asistencia ni la entrada ni la salida, e incluso hubo casos donde se ingresaron horarios falsos o retroactivos. Por ejemplo, un trabajador indicó salida a las 17:30, cuando en realidad era las 13:40 al momento del registro .
La Contraloría también determinó que 13 funcionarios recibieron pagos por horas extraordinarias durante abril, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2024, por un total de $4.502.363, sin que se acreditara la realización efectiva de dicho trabajo. En ese contexto, se iniciará un juicio de cuentas para recuperar ese monto.
Como medida correctiva, la CGR ordenó al municipio adoptar un sistema automatizado de control horario, que garantice la confiabilidad de los datos y permita un cálculo preciso y objetivo de las horas extraordinarias. Se le otorgó un plazo de 60 días hábiles para informar sobre los avances en esta implementación y dar cumplimiento al oficio N.º E123145, que exige la modernización de sistemas similares en otros organismos públicos