Un nuevo frente de investigación se abrió para el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, en medio de la polémica por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
La Contraloría General de la República inició una fiscalización para determinar posibles irregularidades administrativas en la entrega de estos beneficios, según informó T13 durante este miércoles 4 de noviembre.
El organismo también solicitó antecedentes a la cartera por una eventual falta de respuesta a requerimientos de información relacionados con los decretos que autorizaron las reducciones de penas.
La investigación se suma a las acciones que ya enfrenta el secretario de Estado, mientras parlamentarios de oposición mantienen sus cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del procedimiento.
Contraloría confirma fiscalización en el Ministerio de Justicia
De acuerdo con la información entregada por el organismo fiscalizador, sus funcionarios ya se encuentran desarrollando diligencias en las dependencias del Ministerio de Justicia.
Desde Contraloría precisaron que “a raiz de denuncias recibidas, la Contraloría General está constituida desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia fiscalizando la materia”.
De esta manera, el organismo confirmó que la revisión comenzó antes de conocerse públicamente este nuevo antecedente, en medio de las denuncias relacionadas con los beneficios penitenciarios.
La fiscalización buscará esclarecer eventuales irregularidades administrativas, sin que hasta ahora se hayan informado conclusiones definitivas ni responsabilidades establecidas como resultado de estas diligencias.
Además, Contraloría requirió un informe al Ministerio de Justicia, luego de recibir una presentación de parlamentarios que solicitaron revisar una posible falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez.
Según detalló el ente contralor, los legisladores pidieron un pronunciamiento jurídico respecto de la actuación de la cartera ante las solicitudes de antecedentes sobre los decretos.
En esa línea, desde la institución señalaron que “se está requiriendo informe a ese ministerio”, confirmando una segunda actuación vinculada con la controversia.
Las investigaciones que enfrenta el ministro Fernando Rabat
La intervención de Contraloría ocurre después de que parlamentarios de oposición recurrieran al organismo para solicitar antecedentes sobre los decretos de rebaja de condenas.
Los legisladores cuestionaron la falta de entrega de documentación requerida por la Defensoría de la Niñez y solicitaron revisar posibles responsabilidades administrativas dentro del Ministerio de Justicia.
La controversia gira en torno a 56 decretos de reducción de condenas, relacionados con personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Además de la fiscalización administrativa, el caso mantiene una arista penal a cargo de la Fiscalía, tras una denuncia presentada contra Fernando Rabat y el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva.
La denuncia apunta a una eventual prevaricación administrativa, por lo que el Ministerio Público deberá determinar si los hechos investigados constituyen algún delito.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, ya había aclarado que la investigación penal busca establecer eventuales responsabilidades jurídicas y no evaluar decisiones desde una perspectiva política.
“La fiscalía no investiga errores políticos”, sostuvo el persecutor al referirse al caso durante una entrevista concedida el martes 3 de noviembre.
Mientras tanto, la oposición también evalúa avanzar con una acusación constitucional contra Fernando Rabat, en medio de las críticas por la entrega de estos beneficios.
Así, la nueva actuación de Contraloría agrega una revisión administrativa a un caso que también mantiene abiertas interrogantes judiciales y cuestionamientos políticos.
Por ahora, ninguna de estas investigaciones permite dar por acreditadas responsabilidades, mientras los organismos competentes continúan reuniendo antecedentes sobre las rebajas de condenas.
