Este viernes la Contraloría Regional del Biobío ordenó un sumario administrativo a la Universidad del Bío-Bío, luego de detectar una serie de irregularidades que se traducen en una deuda de más de 6.800 millones de pesos.
Además, la entidad solicitó la intervención de la Superintendencia de Educación para que esta lleve a cabo las fiscalizaciones correspondientes a la casa de estudios.
En concreto, a través de un informe, la Contraloría reveló una deuda por $6.883 millones por anticipos solicitados al Fondo Solidario de Crédito Universitario, que fueron depositados en cuentas no destinadas al efecto.
En ese contexto, se detalló que la casa de estudios transfirió esos recursos a cuenta de “sueldos”.
.Además, se constató que en 2023 no se transfirieron $191 millones recaudados de exalumnos al mismo fondo, lo que constituye una omisión grave en el manejo de recursos públicos.
De igual manera revelaron que el establecimiento de educación superior realizó tres transferencias, cada una de $3.000 millones, desde cuentas de proyectos de fortalecimiento universitario, hacia la cuenta de sueldos.
Estas operaciones se realizaron en contravención de convenios previamente fiscalizados, sin que se implementaran medidas correctivas.
Así también quedó al descubierto que la universidad realizó compras por $33 millones por fuera del portal Mercado Público sin la justificación documentada.
El informe también advirtió posibles conflictos de interés en contrataciones, revelando que al menos nueve contrataciones a honorarios corresponden a personas con vínculos familiares con altos funcionarios de la UBB. Asimismo, se detectaron contrataciones con empresas cuyos socios tienen relaciones de parentesco con directivos e incluso un caso donde un directivo figura como socio de la empresa contratada.
En respuesta, la Universidad del Bío-Bío indicó que podría iniciar un sumario interno, medida que Contraloría exige formalmente, estableciendo un plazo de 15 días hábiles para informar la acción administrativa correspondiente. Además, el informe será remitido al Ministerio Público, lo que podría derivar en eventuales responsabilidades penales.
