Los diputados de la UDI Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar la presentación de una querella tras el informe de la Contraloría General de la República que detectó diversas irregularidades en la ejecución del Censo 2024.
Entre los antecedentes revelados por el organismo fiscalizador figura la contratación de 16 personas con antecedentes por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Además, se identificó a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en Chile, incluyendo una persona con orden de expulsión vigente.
La Contraloría también detectó que 267 personas prestaban servicios para el Censo mientras mantenían contratos simultáneos con otras instituciones públicas. A ello se suma el caso de una ex asesora que participó en la evaluación de una licitación por $1.700 millones, pese a tener vínculos con una de las empresas involucradas.
Frente a estos antecedentes, los parlamentarios solicitaron que el CDE analice todas las acciones legales disponibles para perseguir eventuales responsabilidades y recuperar recursos públicos comprometidos.
Los legisladores también apuntaron a la gestión del ex ministro de Economía, Nicolás Grau, quien estaba a cargo de la cartera durante la realización del proceso censal. “Aquí hubo decisiones que se tomaron en el gobierno anterior y que deben ser explicadas por las autoridades a cargo”, afirmaron, agregando que las situaciones detectadas pudieron haberse evitado con una supervisión adecuada.
Los diputados recalcaron que las irregularidades conocidas afectan la confianza en el uso de los recursos públicos y exigieron que se determinen las responsabilidades administrativas y eventuales consecuencias judiciales que correspondan.
