La Contraloría Regional de Valparaíso ordenó al Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso (SLEPV) instruir un procedimiento disciplinario tras detectar diversas irregularidades en la administración de personal, procesos de contratación y uso de recursos públicos entre enero de 2024 y mayo de 2025.
Según el informe N°827, el organismo fiscalizador advirtió que la demora en la resolución de un procedimiento administrativo de suspensión y remoción permitió que un exdirector ejecutivo continuara recibiendo remuneraciones hasta el 16 de marzo de 2026. En ese período, y pese a encontrarse suspendido de sus funciones, percibió pagos líquidos por $247.557.391, por lo que además del sumario ordenado por esta situación instruyó la adopción de medidas para evitar la repetición de situaciones similares y dar celeridad a los procedimientos disciplinarios pendientes en el servicio.
La auditoría también identificó contrataciones directas sin concurso o con fundamentos insuficientes, omisiones en procesos de reclutamiento y selección para asistentes de la educación, designaciones prolongadas en comisiones de servicio, uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para fines que no contaban con acreditación suficiente y deficiencias en los controles de asistencia y jornada laboral, lo que también deberá ser objeto del sumario ordenado.
Además, un funcionario prestó servicios simultáneamente en el SLEPV y en la Municipalidad de La Calera, incluso durante períodos en que registraba licencia médica. La situación dejó en evidencia debilidades en los mecanismos de control de asistencia, al detectarse reiteradas justificaciones por falta de marcación, registros manuales incompletos e inasistencias sin respaldo adecuado.
La Contraloría también observó que seis contrataciones directas realizadas para la administración central fueron justificadas con argumentos genéricos, como la continuidad del servicio o la idoneidad de los contratados, sin antecedentes suficientes que acreditaran la necesidad excepcional de prescindir de un concurso público.
Asimismo, constató que en la contratación de dos personas para uno de sus programas no se realizaron procesos de reclutamiento y selección públicos, transparentes e inclusivos, conforme a perfiles previamente definidos.
Comisiones de servicio sin respaldo suficiente
La auditoría detectó que funcionarios contratados para desempeñarse en establecimientos educacionales fueron destinados desde el primer día a funciones en dependencias centrales del SLEPV. Además, varios de ellos presentaban incumplimientos en los sistemas de control de asistencia.
El informe señala que, tratándose de docentes, la legislación vigente no contempla la figura de comisión de servicio. Respecto de asistentes de la educación, advierte que una destinación inmediata al nivel central requiere fundamentos específicos, verificables y debidamente acreditados.
También se constató que funcionarios de uno de los programas permanecieron en comisión de servicio por más de un año, excediendo los límites establecidos por la normativa.
Finalmente, en materia de horas extraordinarias y contratación a honorarios, la Contraloría detectó regularizaciones efectuadas con posterioridad, diferencias entre las horas autorizadas, ejecutadas y pagadas, además de informes de actividades con descripciones genéricas y repetitivas, sin respaldo suficiente para acreditar la efectiva prestación de los servicios contratados.
