La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la contratación de personal para el Censo de Población y Vivienda 2024.
Un total de 16 personas que contaban con antecedentes penales (por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas) fueron contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) .
En 6 de estos casos, la empresa encargada no validó los certificados de antecedentes ante el Servicio de Registro Civil, por lo que no advirtió las condenas. En otros 10 casos, el INE no acreditó haber requerido dichos certificados.
El INE contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país. De ellos, 5 eran exresidentes a los que se les revocó la residencia; uno mantenía una expulsión administrativa pendiente.
Otras irregularidades
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Más de 130 personas no acreditaron los antecedentes educacionales requeridos para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo.
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515 censistas recibieron pagos por $166.356.508 sin que el INE acreditara que efectivamente realizaron las tareas encomendadas.
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267 personas contratadas por el INE trabajaban simultáneamente en otras instituciones públicas sin declararlo, pese a estar obligadas. Estos casos fueron remitidos al Ministerio Público.
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77 contratos de arriendo de oficinas censales no contaron con fundamentos técnicos; cinco de ellos duraron 12 meses para un censo de 5 meses, pagando $49.430.231 injustificados.
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El 1 de mayo de 2024 se pagaron $134.243.088 para traslado de funcionarios, pero ese día no hubo labores censales.
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El INE no planificó el destino de 4.588 computadores y 37.529 smartphones adquiridos para el censo. Al 7 de noviembre de 2025, aún permanecían almacenados 484 computadores y 29.226 smartphones.
Acciones de la Contraloría
La CGR ordenó al INE instruir un sumario administrativo, formuló un reparo por $315.645.819 y remitió el informe al Ministerio Público. También dio un plazo de 60 días a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para definir el destino de los equipos almacenados.
