La Comisión de Ética de la Corte Suprema notificó ayer sobre la apertura de un proceso administrativo contra cuatro ministros por presunto tráfico de influencias en nombramientos de jueces. Los ministros involucrados son Mario Carroza, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y María Teresa Letelier.
El proceso estará a cargo de la jueza Adelita Ravanales, quien deberá llevar a cabo las diligencias correspondientes. La medida surge a raíz de los reportajes publicados por Ciper, que revelaron chats comprometedores.
El lunes pasado, Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema y líder de la Comisión de Ética, informó a los ministros que la jueza Ravanales estaba recopilando información sobre los reportajes de Ciper, sin señalar directamente a ningún miembro del tribunal.
Sin embargo, ayer el prosecretario de la Corte Suprema, Marcelo Doering, comunicó formalmente la apertura de una causa administrativa de carácter disciplinario contra los mencionados ministros.
Contexto del proceso administrativo en la Corte Suprema
El pasado 24 de junio, tras un pleno ordinario, Ricardo Blanco constituyó la Comisión de Ética para analizar las denuncias del medio periodístico Ciper sobre los supuestos chats que indicaban tráfico de influencias.
Blanco señaló: “Este Presidente, en uso de sus facultades, decidió convocar a la Comisión de Ética para conocer de los hechos que afectan a integrantes de este tribunal, por hechos que son de público conocimiento”.
Integrantes de la Comisión de Ética
La Comisión de Ética de la Corte Suprema está conformada por Ricardo Blanco y las ministras Adelita Ravanales y Gloria Ana Chevesich. Esta comisión tiene la tarea de llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar si hubo irregularidades en los nombramientos de jueces.
Este proceso administrativo es un paso significativo en la búsqueda de transparencia y justicia dentro del máximo tribunal del país. La apertura de esta investigación refuerza el compromiso de la Corte Suprema con la ética y la integridad judicial.
La comunidad judicial y la opinión pública estarán atentas al desarrollo de esta causa, que podría tener importantes implicaciones para el funcionamiento y la credibilidad del sistema judicial chileno.