El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada de formar parte de una red de corrupción vinculada al llamado Caso Muñeca Bielorrusa.
La Fiscalía formalizó cargos por cohecho reiterado y lavado de activos, en una causa que ha sacudido los cimientos del sistema judicial chileno por la gravedad de los hechos imputados y el rol que habría jugado la exjueza.
Una red de favores, dinero y poder
Según expuso el Ministerio Público, Vivanco habría favorecido con fallos judiciales al consorcio CBM (Belaz Movitec), en el marco de un millonario litigio contra Codelco.
A cambio, recibió cuantiosas sumas de dinero canalizadas a través de terceros, incluidos su pareja y personas de confianza, quienes habrían oficiado como testaferros. Las autoridades estiman que el monto total de las coimas bordea los $800 millones de pesos, distribuidos mediante una red de empresas fachada y depósitos encubiertos.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó audios, chats y documentos bancarios como prueba clave del supuesto esquema. Una de las pruebas más llamativas fue una llamada telefónica donde se menciona un “premio” recibido tras un fallo favorable, lo que reforzó la tesis del pago por favores judiciales.
El tribunal resolvió que la libertad de Vivanco representa un peligro para la sociedad y el desarrollo de la investigación, por lo que ordenó su prisión preventiva de inmediato.
Defensa en jaque y reacción institucional
La defensa de la exministra calificó la medida como desproporcionada y aseguró que apelarán la resolución en la Corte de Apelaciones. Vivanco, por su parte, ha sostenido su inocencia y denunció una operación mediática y política en su contra, apuntando incluso a otros actores del ámbito judicial y parlamentario. Sin embargo, el tribunal desestimó esos argumentos por falta de antecedentes sólidos.
Desde la Corte Suprema evitaron emitir declaraciones públicas tras la formalización, aunque fuentes internas habrían manifestado profunda preocupación institucional por el impacto del caso. Cabe recordar que Vivanco ya había sido mencionada en el llamado Caso Audios, donde también se investigaban redes de tráfico de influencias entre jueces, empresarios y abogados.
El Caso Muñeca Bielorrusa, bautizado así por la estructura de sociedades interpuestas utilizadas para mover dinero, ha derivado en múltiples formalizaciones, incluyendo a abogados, un conservador de Bienes Raíces y ejecutivos de CBM.
Algunos de ellos quedaron bajo arresto domiciliario, mientras continúa la indagatoria liderada por la Fiscalía de Los Lagos. El plazo de investigación fue fijado en 120 días, tras los cuales Vivanco podría enfrentar una de las condenas más emblemáticas en la historia reciente del Poder Judicial chileno.
