La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revertir 56 rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
La acción judicial, ingresada este viernes, apunta contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y cuestiona la legalidad de los beneficios concedidos.
Según la institución, estas decisiones podrían comprometer la seguridad e integridad de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de los delitos.
Defensoría de la Niñez busca anular 56 rebajas de condena
El organismo solicitó que la Corte declare ilegales y arbitrarios los decretos impugnados, argumentando que el Ministerio no consideró adecuadamente los riesgos para las víctimas.
También pidió que los tribunales correspondientes evalúen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las penas, incluyendo eventuales órdenes de detención, cuando corresponda. Otro punto cuestionado es el cambio de interpretación del Ministerio de Justicia respecto de la entrega de estos beneficios penitenciarios.
La Defensoría sostiene que la legislación vigente establece restricciones para determinadas condenas por delitos sexuales contra menores, las cuales deben considerarse al evaluar las rebajas.
Asimismo, advirtió que algunas personas beneficiadas ya recuperaron su libertad, situación que, a juicio del organismo, exige adoptar medidas adicionales de protección.
Anuar Quesille advierte sobre la seguridad de las víctimas
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, explicó que el recurso busca resguardar los derechos de quienes sufrieron estos delitos. “No estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también estamos frente a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales”, señaló.
En esa línea, la institución solicitó que el Ministerio de Justicia coordine acciones de protección con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Además, exigió la entrega de antecedentes requeridos el 22 de octubre, cuya respuesta seguía pendiente al momento de presentar el recurso.
