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Diputados exigen transparentar alcances en consulta sobre Ley SBAP y garantizar amplia participación

Diputados exigen transparentar alcances en consulta sobre Ley SBAP y garantizar amplia participación
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Tras la decisión de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, de extender el plazo de consulta pública sobre la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), los diputados Mauro González de la región de Los Lagos y Marcia Raphael de la región de Aysén han manifestado su preocupación sobre las implicancias que esta normativa podría tener en el desarrollo económico de sus respectivas localidades.

Al respecto, González expresó que “si bien entendemos la importancia de proteger nuestros recursos naturales y biodiversidad, es crucial que no se tomen decisiones que pongan en riesgo la continuidad de actividades económicas que son fundamentales para nuestras comunidades”.

Conocer alcances y objetivos

Por su parte, la diputada Marcia Raphael, quien ofició a la ministra Rojas sobre la situación de Chile Chico, subrayó la relevancia de considerar las particularidades de esa comuna, localizada en un microclima excepcional que sustenta actividades como la agricultura, ganadería, viticultura y turismo.

En ese sentido, Raphael argumentó que “la propuesta actual implica la limitación sobre más de 35.000 hectáreas, algo que puede afectar gravemente la disponibilidad de suelos y el bienestar económico de nuestros habitantes. Necesitamos claridad sobre el objetivo y el alcance de la definición de los sitios prioritarios que están bajo análisis”.

Raphael también solicitó información detallada sobre las etapas y plazos del proceso así como los mecanismos de participación ciudadana que se están considerando, enfatizando que “es fundamental que las decisiones que impacten el desarrollo de nuestras regiones se lleven a cabo con transparencia y seriedad”.

Ambos legisladores coincidieron en que, aunque la conservación del medio ambiente debe ser una prioridad, es esencial equilibrar estos esfuerzos con el desarrollo sostenible de las comunidades locales. “No podemos permitir que políticas públicas diseñadas con buenas intenciones resulten en consecuencias negativas para aquellos que dependen de la tierra y sus recursos naturales para vivir”, concluyeron.

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