La emergencia química registrada en las instalaciones de Panimex, en Quilicura, que obligó a evacuar un perímetro cercano a 800 metros, suspender las clases en la comuna y establecer cortes de tránsito, motivó una serie de acciones fiscalizadoras anunciadas por la diputada Tamara Ramírez (PDG).
En ese contexto, la parlamentaria integrante de la Comisión de Medio Ambiente, busca determinar si la empresa cumplía con las exigencias legales, sanitarias, ambientales y de seguridad, además de conocer los controles realizados antes del incendio y la coordinación de los organismos que participaron en la respuesta.
“Una emergencia de esta magnitud, que obligó a evacuar a vecinos, suspender las clases y cortar el tránsito, no puede quedar sin una investigación seria”, sostuvo Ramírez, quien recordó que Panimex habría registrado otros incendios en años anteriores.
Piden antecedentes sobre fiscalizaciones
La diputada solicitará información a la Municipalidad de Quilicura y a organismos sanitarios y ambientales para conocer las fiscalizaciones efectuadas, eventuales observaciones y las medidas adoptadas tras emergencias anteriores.
En particular, requirió antecedentes sobre la patente municipal de Panimex, su giro autorizado, renovaciones, inspecciones e infracciones detectadas. También pidió información sobre incendios, fugas, derrames u otras emergencias registradas en sus instalaciones durante los últimos diez años.
Además, se busca esclarecer los episodios ocurridos en 2013, 2014 y 2017, con el objetivo de establecer qué medidas fueron implementadas posteriormente y si las recomendaciones realizadas fueron cumplidas.
Catastro de empresas con sustancias peligrosas
Ramírez también planteó la necesidad de elaborar un registro actualizado de las fábricas de productos plásticos y químicos existentes en la Región Metropolitana que produzcan, almacenen, manipulen o transporten sustancias peligrosas.
El catastro debería incorporar su ubicación, nivel de riesgo, autorizaciones vigentes, fiscalizaciones realizadas y cercanía con viviendas, colegios, centros de salud y otros recintos de alta concurrencia.
“Si existieron incumplimientos, deben establecerse las responsabilidades de la empresa, pero también de las autoridades que tenían la obligación de fiscalizar y garantizar la seguridad de las familias de Quilicura”, afirmó la parlamentaria.
