
La exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), presentó este lunes un Programa Integral de Infraestructura Penitenciaria denominado “Plan Cárceles 2025-2030”. Durante la presentación, Matthei cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien afirmó que “Gendarmería tiene el control efectivo de todas las cárceles del país”. Al respecto, Matthei señaló: “Me parecieron raras las declaraciones del ministro de Justicia, señalando que el Gobierno o el Estado tiene control de las cárceles, no es así, en las cárceles se siguen cometiendo delitos, se lidera [desde ahí] la comisión de delito, siguen sin estar bloqueados los celulares, obviamente que tenemos diferencias de fondo”.
El plan propuesto por Matthei busca aumentar la capacidad del sistema penitenciario chileno y reducir los tiempos de construcción de nuevos recintos. Según la exministra, “hoy las cárceles están absolutamente colapsadas, están sobrepobladas y eso significa que es imposible prácticamente hacer cualquier tipo de rehabilitación con reos primerizos que han cometido delitos de baja intensidad”. Además, advirtió que el hacinamiento facilita la formación de grupos criminales dentro de las prisiones.
El proyecto contempla la creación de 32.090 nuevos cupos en el sistema penitenciario, superando la propuesta gubernamental de 12.000 plazas, la cual Matthei considera insuficiente. Asimismo, plantea la construcción de cinco nuevos establecimientos penitenciarios y la implementación de medidas para compensar a las comunidades donde se ubiquen estas cárceles. En este sentido, Matthei enfatizó la importancia de dialogar con las comunidades y autoridades locales para abordar las preocupaciones relacionadas con la instalación de recintos penitenciarios en sus territorios.
La exalcaldesa también subrayó la necesidad de ubicar las cárceles de alta y máxima seguridad en lugares aislados, considerando riesgoso tenerlas “en la mitad de la capital”. El plan incluye la expulsión de 3.000 reos extranjeros y la implementación de tecnologías para bloquear las comunicaciones no autorizadas dentro de los recintos penitenciarios.