Chile superó las 2 mil expulsiones de extranjeros durante 2026, luego de que un nuevo operativo trasladara a 75 personas hacia Perú, Colombia y República Dominicana.
El undécimo vuelo, operado por Sky Airline desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, contempló 69 expulsiones administrativas y seis judiciales.
La operación contó además con la participación de 77 escoltas, de acuerdo con los antecedentes entregados sobre el procedimiento.
Con las 2.000 expulsiones materializadas durante 2026, la cifra representa un aumento de 57,6% respecto de todo 2025, cuando se registraron 1.267.
Expulsiones aumentan durante 2026
Las cifras también muestran un incremento respecto de años anteriores. Durante 2026, las expulsiones superan en un 81,5% las registradas en 2024.
Asimismo, la cifra representa un aumento de 111,1% respecto de 2023 y de 86,6% frente a las expulsiones contabilizadas durante 2022.
Entre 2022 y 2025, Chile registró un promedio anual de 1.096 expulsiones, equivalente a cerca de 91 procedimientos mensuales.
Durante 2026, en tanto, el promedio aumentó hasta alcanzar las 203 expulsiones al mes.
También aumentan las fiscalizaciones migratorias
Entre enero y septiembre de 2026, las fiscalizaciones migratorias aumentaron un 24,7% respecto del mismo período de 2025.
Los procedimientos pasaron de 1.407 a 1.755 fiscalizaciones, mientras que la cantidad de extranjeros fiscalizados creció un 46,6%.
En concreto, la cifra pasó de 28.085 a 41.171 personas, lo que representa 13.086 fiscalizaciones individuales adicionales.
A estos resultados se suman 11.011 salidas voluntarias efectivas durante 2026.
Estas corresponden a extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados y posteriormente abandonaron el territorio nacional mediante control policial, sin una medida de expulsión.
El registro se acerca al triple de las 4.253 salidas voluntarias contabilizadas durante todo 2025.
Nuevas medidas para agilizar las expulsiones
En paralelo, durante esta semana el Congreso despachó un proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
La iniciativa contempla reducir de 10 a 5 días el plazo de reclamación judicial, además de facilitar las notificaciones.
También incorpora nuevas herramientas para localizar y ejecutar órdenes de expulsión firmes, considerando las autorizaciones judiciales correspondientes.
Estas medidas se suman al trabajo de fiscalización y control migratorio desarrollado durante 2026, orientado a fortalecer la ejecución de las órdenes de expulsión y los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
