En el marco de las diligencias que se llevaron a cabo contra la diputada Karol Cariola, poco después de dar a luz a su primer hijo, el abogado Juan Carlos Manríquez, quien asumió recientemente la representación de la parlamentaria, informó que solicitó al tribunal la “nulidad de todos los actos, consecuencias y efectos” derivados de estas investigaciones. Además, comunicó que presentó denuncias ante la Policía de Investigaciones (PDI) por el trato “prepotente” y “desprolijo” que, según el jurista, sufrió la diputada y su familia durante el proceso.
“Le hemos pedido al tribunal que declare la nulidad de todos los actos relacionados con esta diligencia indebida. Hemos señalado que se trató de una cadena de errores, desprolijidades y omisiones, y hemos presentado denuncias ante la PDI por el trato prepotente y desprolijo, incluso hacia el diputado Tomás de Rementería, esposo de la diputada Cariola, quien fue compelido a entregar el teléfono de sus otros hijos menores de edad sin una orden suficiente, siendo amenazado con un escándalo en el hospital”, explicó Manríquez.
El abogado también señaló que se denunció la vulneración de las políticas de género en el caso, particularmente en relación con los derechos de un recién nacido, y presentó las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfocándose en la protección de las mujeres en situación de parto. “El trato recibido vulnera los derechos fundamentales de Karol Cariola, induciendo a un tribunal a otorgar una medida intrusiva e ilegal de incautación de su teléfono móvil, sin una base adecuada”, afirmó.
Además, detalló que la medida de incautación fue ejecutada por un oficial varón de la PDI durante el parto de la diputada, lo que, según el abogado, contraviene las políticas de género y los principios éticos de la policía en relación con mujeres vulnerables en el momento del parto. “Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, este reclamo cobra una especial relevancia y gravedad”, subrayó Manríquez.
Finalmente, el abogado aclaró que puso a disposición del tribunal todos los antecedentes omitidos en la investigación, como el hecho de que la patente comercial de un comerciante extranjero no había sido renovada por un acuerdo del Concejo Municipal de Santiago, y detalló las inconsistencias en el informe policial que originaron el allanamiento. Según Manríquez, estos errores contribuyeron a la autorización de diligencias que, de haberse realizado correctamente, nunca habrían sido aprobadas por el tribunal.
La solicitud de nulidad y las denuncias presentadas por el abogado reflejan el rechazo a lo que consideran un atropello a los derechos de la diputada y su familia, así como una vulneración de los protocolos de protección a mujeres en situaciones vulnerables.
