
El Ministerio de Justicia reveló este martes la alarmante cifra de 82.526 personas registradas como deudores de pensión de alimentos en la Región Metropolitana hasta febrero. A más de dos años de la entrada en vigor del Registro Nacional de Deudores, la cifra confirma la magnitud del problema y la urgencia de medidas para garantizar el pago de pensiones.
Una deuda que aún pesa
El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes, calificó la cifra como “alta”, pero valoró la existencia del registro como una herramienta clave para presionar el cumplimiento de los pagos.
“Esta política pública fue necesaria y nos permite establecer acciones para garantizar el pago efectivo de pensiones”, afirmó la autoridad.
Fuentes también destacó que la gran mayoría de los inscritos son hombres, y que la ley busca garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes, más allá de beneficiar directamente a las madres.
“Esto grafica el nivel de abandono parental”
Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ana Raquel Martínez Chamorro, subrayó que el 96% de los deudores en el registro son hombres, lo que evidencia una problemática estructural.
“Esto grafica el nivel de abandono parental en nuestro país”, señaló.
Martínez también destacó que la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones no solo busca salvaguardar derechos económicos, sino también impulsar un cambio cultural que promueva el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
“Es un mecanismo seguro y oportuno para saldar una deuda histórica con niños, niñas y mujeres”, agregó.
Un llamado al cambio
El registro de deudores ha permitido establecer medidas como retenciones de fondos y restricciones financieras para quienes no cumplen con su responsabilidad. Sin embargo, las autoridades coinciden en que, más allá de las sanciones, es necesario un cambio de conciencia sobre el deber de cumplir con la manutención de los hijos.