En Ovalle, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, junto al director nacional (s) del SAG, Óscar Camacho, realizaron un balance del Plan Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta, informando que el país alcanza un 50% de avance en el cierre de brotes activos durante la temporada 2025–2026.
Desde el lanzamiento del plan en octubre de 2025, se han gestionado 66 brotes a nivel nacional: 33 ya fueron erradicados y otros 33 permanecen activos bajo control. “Actuamos a tiempo, con recursos, coordinación y presencia en el territorio”, afirmó la ministra, destacando que se evitó una crisis estructural en una temporada clave para la agricultura y las exportaciones.
Inversión histórica y despliegue nacional
Durante 2025, el SAG destinó $33.000 millones exclusivamente a acciones de control y erradicación, que incluyen descarga obligatoria de fruta, limpieza, desinfección, campañas intensivas y vigilancia sanitaria.
Actualmente, cerca de 500 funcionarios adicionales están desplegados desde Arica hasta Aysén, con medidas como:
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Liberación de insecto estéril en zonas críticas.
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Refuerzo de controles en pasos fronterizos.
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Coordinación con Aduanas y policías.
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Integración del SAG a la Unidad Coordinadora Estratégica (UCE) Norte.
Además, se creó el Departamento de Inteligencia Fito y Zoosanitaria, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas.
Protección a exportaciones y apoyo a productores
El balance también incluyó avances en diplomacia sanitaria, con cooperación técnica con México, protocolos en desarrollo con India y visitas técnicas de Indonesia, acciones clave para resguardar la condición exportadora del país.
En paralelo, el plan contempla apoyo directo a agricultores afectados por descargas obligatorias de fruta. A través de Agroseguros, ya se han indemnizado cerca de 500 mil kilos de fruta, mientras que usuarios de INDAP cuentan con programas de emergencia, reconversión productiva y facilidades tributarias.
“Erradicar una plaga no puede significar abandonar a quienes producen. Proteger nuestro patrimonio fitosanitario es también proteger el empleo rural”, subrayó la ministra Fernández.
