La diputada Lilian Betancurt (PDG) presentó una propuesta legislativa para aumentar las sanciones contra los establecimientos y comerciantes que vendan productos de tabaco y dispositivos de vapeo a menores de 18 años.
El proyecto modifica la Ley N° 19.419 y establece multas que podrían alcanzar las 500 UTM para los infractores vinculados a la industria. La parlamentaria representa al Distrito 21 de la Región del Biobío y busca reforzar los mecanismos legales destinados a proteger a niños y adolescentes.
La propuesta incluye cigarrillos, vapeadores, sistemas electrónicos con o sin nicotina y sus respectivos accesorios. También considera a quienes ofrezcan, distribuyan o entreguen estos productos a menores de edad.
“no podemos seguir permitiendo que la venta de cigarrillos y vapeadores a menores de edad tenga sanciones que no reflejan la gravedad de esta conducta. Estamos hablando de proteger la salud de nuestros niños y adolescentes, y para eso necesitamos una legislación mucho más estricta y efectiva”, sostuvo la diputada Lilian Betancurt.
Proyecto eleva las multas y establece cierres obligatorios
Uno de los principales cambios apunta al monto de las sanciones económicas. Actualmente, las multas generales fluctúan entre 3 y 50 UTM, pero la iniciativa propone elevar ese rango a 20 y 150 UTM.
Para los infractores pertenecientes a la industria, el proyecto plantea aumentar las sanciones desde el rango actual de 30 a 300 UTM hasta uno que va de 101 a 500 UTM.
La propuesta también modifica las consecuencias para los establecimientos que repitan estas conductas. La legislación vigente permite clausurar los locales durante 15 días, pero deja la decisión en manos de la autoridad sanitaria.
Con el nuevo mecanismo, el cierre pasaría a ser obligatorio ante una reincidencia y podría extenderse entre 15 y 30 días. La iniciativa conserva el criterio actual para determinar esta condición: registrar dos o más infracciones durante el año siguiente a la primera.
“Las multas por sí solas no son suficientes si un establecimiento puede seguir funcionando y comercializando estos productos después de cometer reiteradamente la misma infracción. Por eso estamos proponiendo que, cuando exista reincidencia, la clausura sea obligatoria. Las reglas deben ser claras y aplicarse de la misma manera en todo el país”, enfatizó la parlamentaria.
Exigencia de identificación para concretar las ventas
Otro eje de la iniciativa busca reforzar los controles de edad en los puntos de venta. Actualmente, los comerciantes pueden solicitar la cédula de identidad cuando sospechan que el comprador podría ser menor de edad.
La modificación establece que, ante cualquier duda, el vendedor deberá solicitar la cédula u otro documento oficial vigente que incluya una fotografía. Si el comprador no acredita tener la edad legal, el comerciante no podrá concretar la venta ni entregar los productos.
Al respecto, Betancurt señaló que “no basta con prohibir la venta a menores si dejamos en manos de cada vendedor la decisión de comprobar o no la edad de una persona. Tenemos que cerrar esos espacios y establecer obligaciones concretas para quienes comercializan estos productos. La protección de nuestros niños no puede depender de la voluntad de un comerciante”.
El texto también diferencia las responsabilidades de quienes intervienen en la comercialización. Las multas del numeral 6 del artículo 16 recaerán en el titular del establecimiento, mientras que las contempladas en el numeral 13 corresponderán a quien ejecute directamente la venta, el ofrecimiento, la distribución o la entrega.
La fiscalización seguirá bajo la responsabilidad de la autoridad sanitaria, que aplicará los procedimientos contemplados en la normativa vigente.
Cuándo comenzarían a regir las nuevas sanciones
El proyecto establece que los cambios entrarían en vigor el primer día del tercer mes posterior a su publicación en el Diario Oficial.
Este plazo busca entregar tiempo a los establecimientos comerciales para adaptar sus procedimientos a las nuevas exigencias. Además, las sanciones más estrictas solo se aplicarían a las infracciones cometidas desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.
