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Multigremial de La Araucanía lanza campaña “Pozo Sin Fondo” para debatir la política de tierras en la Macrozona Sur

Multigremial de La Araucanía lanza campaña “Pozo Sin Fondo” para debatir la política de tierras en la Macrozona Sur

La Multigremial de La Araucanía lanzó este viernes la campaña “Pozo Sin Fondo”, una iniciativa orientada a informar y sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos de la política de compra de tierras en La Araucanía y la Macrozona Sur.

La campaña busca destacar los costos económicos y sociales de la actual política y proponer alternativas viables para mejorar la situación en la región.

Impacto económico en La Araucanía y necesidad de revisar la Ley Indígena

La campaña subraya que, desde su implementación, la política de compra de tierras ha costado al Estado chileno más de $1.500 millones de dólares, sin resolver el conflicto ni promover el desarrollo regional.

“Pozo Sin Fondo” plantea que esta política no ha brindado resultados concretos y propone revisar la Ley Indígena para adoptar enfoques sostenibles.

Asimismo, entre las alternativas sugeridas, la Multigremial propone explorar el arriendo de tierras y compensaciones económicas, estrategias efectivas en otros países con desafíos similares.

Certeza jurídica y soluciones justas

Por su parte, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, explicó que la falta de estabilidad legal perjudica tanto a las comunidades indígenas como a los actuales propietarios en la región.

“La certeza jurídica es fundamental para cualquier solución. Hoy, la falta de estabilidad legal afecta tanto a las comunidades como a los actuales propietarios de tierras en la Macrozona Sur. Necesitamos una política que no incentive la violencia ni el conflicto, sino que ofrezca soluciones duraderas y justas para todos los actores involucrados”, enfatizó Santibáñez.

Llamado a un cambio estructural

Finalmente, con “Pozo Sin Fondo”, la Multigremial busca abrir un debate sobre la necesidad de reformar la Ley Indígena, considerando que el modelo actual ha derivado en un malgasto de recursos y la aparición de nuevos problemas.

“Es momento de adoptar un enfoque que garantice justicia y desarrollo, sin perpetuar el conflicto y respetando los derechos de todas las partes”, concluyó Santibáñez, quien hizo un llamado a las autoridades para implementar alternativas responsables y modernas.