La Municipalidad de Santiago confirmó este jueves la destitución de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, luego de un sumario administrativo que determinó faltas graves a la probidad administrativa y negligencia en el cumplimiento de sus deberes frente a un hecho de violencia escolar ocurrido dentro del establecimiento.
El procedimiento fue iniciado el 21 de agosto de 2025, tras la brutal agresión sufrida por un estudiante de tercero medio, quien fue atacado por un grupo de alumnos de cuarto medio al interior de una sala de clases, luego de la difusión de una “funa” en redes sociales.
De acuerdo con el informe municipal, la investigación concluyó que la rectora no adoptó las medidas necesarias para proteger al estudiante, omitió denunciar los hechos al Ministerio Público dentro del plazo legal de 24 horas y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM), incumpliendo los protocolos de seguridad escolar y las obligaciones establecidas para los directivos de establecimientos públicos.
El sumario determinó que estas omisiones constituyen una infracción al artículo 8° de la Ley N°18.575 sobre Probidad Administrativa, que exige a los funcionarios públicos actuar con eficiencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de sus funciones.
Durante el proceso, que según el municipio respetó íntegramente las garantías del debido proceso, la exrectora presentó una lista de 45 testigos, entre ellos el exdirector de Educación Municipal, Rodrigo Roco, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien finalmente no declaró. En total, 12 testigos prestaron declaración, incluyendo docentes, exalumnos, apoderados y representantes del centro de estudiantes.
Además, se realizaron diligencias de careo y revisión de documentos institucionales, con el fin de garantizar la transparencia y rigurosidad del procedimiento.
Los descargos de Vega incluyeron acusaciones de discriminación de género y persecución política, las que fueron descartadas por la investigación, que concluyó que el proceso se originó exclusivamente a raíz de la agresión dentro del establecimiento y no por motivos externos o ajenos a los hechos investigados.
Finalmente, la sanción de destitución se aplicó conforme a lo dispuesto en el Estatuto Docente, normativa que regula la relación laboral de las autoridades directivas de los establecimientos educacionales públicos dependientes de la comuna.
