El Gobierno expresó rechazo al proyecto aprobado en general por el Senado que permitiría la conmutación de penas a miles de personas condenadas.
Según advirtió el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, la iniciativa podría beneficiar a más de 12 mil internos, lo que equivale a cerca del 20% de la población penal. La autoridad afirmó que la norma pondría en riesgo la seguridad pública.
“Un mal día para la democracia”
El ministro sostuvo que el proyecto podría permitir que personas condenadas por homicidio, parricidio, femicidio, violación y abusos sexuales contra menores cumplan pena en sus domicilios.
También advirtió que podría alcanzar a condenados por crímenes de lesa humanidad y a internos vinculados al crimen organizado. “Es un mal día para la democracia, para los derechos humanos y para la seguridad del país”, señaló.
El Ejecutivo aseguró que desde el inicio manifestó su oposición a la iniciativa, calificándola como técnicamente deficitaria.
Críticas por eventuales beneficios
Desde el oficialismo cuestionaron que la norma no solo podría beneficiar a reos de Punta Peuco, sino también a condenados por delitos graves. El ministro afirmó que incluso podría aplicarse a internos con discapacidad o enfermedades crónicas.
“Podría permitir que personas peligrosas sigan gestionando redes criminales desde sus domicilios”, advirtió. El proyecto continuará ahora su tramitación legislativa, donde se abrirá un plazo para presentar indicaciones.
