La Comisión de Seguridad Pública del Senado sesionó en San Bernardo para analizar el avance del crimen organizado y las amenazas contra autoridades locales.
La jornada estuvo marcada por el caso del alcalde Cristopher White, quien conoció un supuesto plan para asesinarlo durante el desfile de Fiestas Patrias. El hecho habría sido planificado por Juan Flores Valenzuela, alias “el Indio Juan”, detenido el pasado 31 de agosto.
White alerta por avance del crimen organizado
White sostuvo que las amenazas contra autoridades reflejan el avance del crimen organizado en distintos barrios. “Hoy hablamos del resguardo a las autoridades, pero eso indica que el crimen organizado ha ido avanzando y ha disminuido la democracia”, afirmó.
El alcalde agregó que existen grupos que establecen sus propias normas en determinados sectores. “Hay grupos de individuos que establecen normas y formas dentro de un barrio, es un Estado dentro de un Estado”, señaló.
Además, pidió acelerar la publicación del reglamento de la ley de seguridad municipal y los proyectos sobre infraestructura crítica y uso de la fuerza.
Fiscalía informa protección a alcaldes
El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó cifras sobre las autoridades que actualmente cuentan con medidas de protección. “Estamos hablando de 22 alcaldes que cuentan con medidas de protección, a lo menos. Ellos han sido amenazados o han recibido agresiones en razón de su cargo”, informó.
De ellos, ocho cuentan con acompañamiento diario de seguridad. Valencia agregó que también existen 18 fiscales con protección. “Lo peor que podemos hacer es resignarnos”, sostuvo el fiscal nacional.
En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que el Ministerio Público investiga las denuncias por amenazas y determina las medidas de protección correspondientes.
Senado aborda agenda de seguridad
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que las amenazas contra autoridades requieren una respuesta institucional. “Cuando se amenaza a la autoridad, se amenaza a todos. La idea es dar una señal de Estado”, sostuvo.
La comisión también abordó proyectos sobre seguridad municipal, uso de la fuerza, flagrancia, medidas cautelares y presupuesto para las policías. La sesión contó además con autoridades regionales y los máximos representantes de Carabineros y la PDI.
