La Corte Suprema abrió un nuevo foco de debate político y económico tras emitir una serie de observaciones al proyecto de “megarreforma” impulsado por el Presidente José Antonio Kast.
El máximo tribunal envió este viernes un informe tanto al Mandatario como a la Cámara de Diputados, donde la iniciativa comenzará próximamente su tramitación legislativa. El documento se centra especialmente en las modificaciones al sistema de evaluación ambiental, los mecanismos de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y las facultades de los Tribunales Ambientales.
La intervención de la Suprema se produjo apenas un día después de que el proyecto fuera aprobado en la comisión de Hacienda, en medio de un duro enfrentamiento político entre el Gobierno y sectores de oposición, a quienes el Ejecutivo acusó de intentar “obstaculizar y boicotear” el avance de la reforma.
Observaciones de la Suprema
Uno de los puntos que más preocupación generó en el tribunal tiene relación con la norma que permitiría compensar gastos a empresas cuyos proyectos ambientales sean anulados posteriormente por la justicia.
Según planteó la Corte Suprema, aunque la medida busca proteger la confianza legítima de los inversionistas, la propuesta “aparece formulada en términos amplios”, ya que los resguardos actualmente se enfocan principalmente en la acreditación y cuantificación de los gastos.
En ese contexto, el informe advierte sobre un eventual impacto en las arcas fiscales. “El Fisco podría terminar operando como una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada”, sostuvo el máximo tribunal.
Valoración de iniciativa
Frente a este escenario, la Suprema recomendó incorporar criterios más estrictos para acceder a eventuales compensaciones, como acreditar la buena fe del titular del proyecto, la ausencia de responsabilidad en los vicios detectados, la razonabilidad de los gastos y la existencia de una carga patrimonial desproporcionada.
Asimismo, el documento recalca que la iniciativa “innova de manera significativa en el ordenamiento”, al abrir la posibilidad de que el Estado asuma costos derivados de inversiones privadas cuyas resoluciones ambientales hayan sido anuladas judicialmente.
