La situación afectó directamente a quienes tenían programadas consultas y otros procedimientos médicos. Mientras se evalúa el estado del establecimiento, las autoridades trabajan para determinar cuándo podrán recuperarse las condiciones necesarias para recibir nuevamente a los pacientes.
El episodio ocurrió en un contexto de manifestaciones vinculadas al desalojo de viviendas en Villa El Volcán II, sector donde se desarrolla un proceso de intervención urbana. Sin embargo, las circunstancias específicas del ataque y la responsabilidad de sus participantes deberán establecerse mediante la investigación.
Trabajadores debieron protegerse durante la irrupción
Los antecedentes preliminares apuntan a que cerca de ocho individuos entraron al establecimiento cuando todavía había funcionarios en su interior. La situación obligó al personal a resguardarse mientras se producían los destrozos.
El balance inicial da cuenta de ventanales y puertas dañados, equipos computacionales afectados y mobiliario destruido. También se reportó la utilización de extintores dentro de las dependencias, lo que agravó las condiciones en las que quedó el centro asistencial.
Las consecuencias del incidente no se limitan al costo de las reparaciones: la suspensión del funcionamiento del Cesfam también altera la continuidad de las prestaciones de salud para los vecinos que dependen de este recinto.
Alcalde Matías Toledo exige responsabilidades
La emergencia generó una reacción del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien cuestionó la respuesta institucional frente a los incidentes que se desarrollaban en la comuna.
El jefe comunal aseguró que durante la noche había solicitado presencia policial y relató las gestiones que realizó para conseguir apoyo. “Tuve que ir presencialmente a la 66° Comisaría de Carabineros a pedir por favor que vinieran”, sostuvo.
Toledo también manifestó su disconformidad con la capacidad de respuesta frente a este tipo de situaciones. “Exijo una responsabilidad política y no excusas”, afirmó, junto con anunciar acciones judiciales contra quienes resulten responsables de los daños.
Investigan ataque y evalúan recuperación del centro de salud
La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias destinadas a esclarecer cómo se produjo la irrupción y establecer la participación de los involucrados.
En paralelo, se analiza el impacto de los daños sobre la infraestructura y los equipos necesarios para el funcionamiento del establecimiento. Algunas prestaciones podrían ser reagendadas o derivadas a otros centros asistenciales, según las necesidades de cada paciente.
Por ahora, la cifra de $30 millones corresponde a una evaluación preliminar y no se ha confirmado una fecha definitiva para restablecer la atención habitual del Cesfam.
