Tras meses de espera, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una orden para que el Serviu de la Región de Valparaíso demuela la toma ilegal que se instaló desde 2021 en el terreno de la familia Correa.
A esta situación se habían sumado las críticas de la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, tras la lentitud de respuesta de los organismos públicos. El lunes pasado asistió a una reunión con la contralora Dorothy Pérez, para solicitar una investigación por ello.
Cabe recordar, que en ese lugar el empresario Alejandro Correa fue asesinado al denunciar los 44 asentamientos ilegales. Se estima que la ejecución de la orden de desalojo está avaluada en $88 millones.
“(El Serviu) demolerá o, de conformidad, a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional General de Bases de Administración del Estado, contratará las obras de demolición respecto de los inmuebles construidos irregularmente“, dice la orden del Minvu.
