Hoy en un nuevo programa de “La Mañana de Agricultura”, conversamos con Pablo Toloza, abogado querellante ProCultura. La arista relacionada con la Fundación ProCultura, surgida a partir del denominado “Caso Democracia Viva” en Antofagasta, continúa sumando antecedentes y se proyecta como una de las mayores investigaciones por presunto fraude al fisco en Chile, con un monto que podría superar los $6 mil millones.
La Fundación ProCultura, con trayectoria previa en restauración patrimonial y recuperación de inmuebles históricos, experimentó un crecimiento significativo en sus ingresos tras el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, los convenios firmados por ProCultura en distintas regiones del país, en su mayoría adjudicaciones directas por parte de gobiernos regionales, habrían eludido procedimientos licitatorios, y los montos involucrados coinciden exactamente con los valores asignados previamente a los proyectos.
Uno de los casos más emblemáticos ocurre en la Región Metropolitana, donde el gobierno regional adjudicó $1.600 millones a la fundación, pero hasta ahora solo se ha rendido el uso de $600 millones. El paradero del restante $1.000 millones está bajo investigación.
El fundador y director de ProCultura, Alberto Larraín, es una figura clave en el caso. Militante de la Democracia Cristiana en el pasado y con cercanía al gobernador Claudio Orrego, Larraín se habría vinculado posteriormente al Frente Amplio, espacio político desde el cual habría estrechado lazos con figuras cercanas al Presidente Boric, a quien conoció durante una visita a Punta Arenas.
El ex jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, ha sido mencionado en la investigación y posee calidad de imputado. Según versiones recogidas por medios de prensa, habría patrocinado convenios vinculados a la Fundación ProCultura y promovido traspasos de fondos dentro del Gobierno Regional Metropolitano. Crispi ha defendido su actuar señalando que todo se habría realizado dentro del marco normativo vigente.
El Ministerio Público continúa desarrollando diligencias en diversas regiones del país, incluyendo la revisión de rendiciones de cuentas, ejecución de proyectos y el destino final de los fondos transferidos. La magnitud del caso ha llevado a varios actores políticos a calificarlo como el mayor presunto fraude al Estado registrado hasta la fecha.
