La parlamentaria del Partido Republicano, Catalina del Real, solicitó a la Contraloría General de la República, realizar una investigación y fiscalización a nivel nacional sobre las prácticas de las Municipalidades a través de sus Direcciones de Tránsito, en relación con la venta fraudulenta de licencias de conducir. Esta iniciativa surge tras un procedimiento masivo realizado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) en 19 domicilios de diversas comunas, dentro del marco de una investigación que se inició en 2023.
Los hechos expuestos revelan una alarmante trama delictiva en la que un grupo de individuos, conocidos como “captadores”, ofrecían licencias de conducir de manera ilegal, estableciendo contacto con tres funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Maipú. Según la información proporcionada por la Fiscalía, los captadores utilizaban redes sociales para ofrecer estos documentos a potenciales compradores, indicando montos a cancelar y procedimientos a seguir para obtener la licencia de conducir, facilitando así el acceso a personas que no cumplían con los requisitos establecidos por ley.
La diputada del Real enfatizó sobre la gravedad de este problema señalando que “la promoción e incluso la facilitación para obtener de manera fraudulenta licencias de conducir no solo pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por las distintas calles del país, sino que también corroe los cimientos que sustentan nuestro sistema legal y administrativo. Me preocupa la proliferación de estas prácticas ilegales y la amenaza que representa para la seguridad de la población”.
En virtud de lo anterior, la legisladora instó a los municipios del país a implementar medidas efectivas para prevenir y sancionar cualquier actividad ilícita, así como realizar fiscalizaciones internas constantes sobre la gestión administrativa municipal. La finalidad de estas acciones es evitar que funcionarios puedan incurrir en delitos asociados a la emisión de permisos, haciendo hincapié en la responsabilidad que les compete en el cumplimiento de la Ley 18.290, de la Ley de Tránsito.
Esa legislación es contundente y establece sanciones severas para aquellos que obtienen licencias de conducir sin cumplir con los requisitos necesarios, incluyendo el uso de sobornos o influencias indebidas. La ley contempla penas de presidio menor en su grado medio a máximo, así como la inhabilitación para obtener la licencia por hasta cinco años en caso de falsificación de documentos relacionados.
