La diputada Marlene Pérez (IND/UDI) anunció que durante esta mañana recurrió a la Contraloría General de la República, solicitando una auditoría y la apertura de un sumario administrativo en el Instituto de Previsión Social (IPS), tras conocerse la eventual suspensión del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a más de 13 mil adultos mayores en todo el país.
La parlamentaria cuestionó duramente la versión entregada por el IPS, que atribuye la responsabilidad del error a información proporcionada por la Policía de Investigaciones (PDI), señalando que el comunicado emitido por el organismo es absolutamente insuficiente y no exime en ningún caso las responsabilidades administrativas y políticas que correspondan.
“Un comunicado y una disculpa pública no reparan el daño causado ni explican cómo se llegó a una decisión de esta magnitud. Aquí se vulneró gravemente la dignidad de miles de adultos mayores y eso no se soluciona solo pidiendo perdón”, afirmó la diputada.
Pérez enfatizó que ya se remitieron antecedentes formales a la Contraloría para que se investigue en detalle el actuar del IPS, los protocolos aplicados y la existencia, origen y validación de los supuestos listados de más de 13 mil personas mayores utilizados para suspender el beneficio. “Es indispensable establecer si esos listados existen, cómo fueron recepcionados, qué controles se realizaron y por qué el IPS actuó sin una verificación rigurosa tratándose de un ingreso vital para miles de personas”, agregó.
Sin perjuicio de las responsabilidades que deban determinarse, la diputada fue categórica en señalar que la prioridad inmediata debe ser la restitución del beneficio. “El Gobierno, a través del IPS, debe garantizar esta misma semana el pago íntegro y oportuno de la PGU a todos los afectados, sin exigir trámites adicionales ni trasladarles la carga de un error que no cometieron”, sostuvo.
Finalmente, Marlene Pérez advirtió que este caso no puede cerrarse solo con una solución puntual, sino que debe generar garantías de no repetición. “No estamos frente a un problema administrativo menor, estamos frente a una vulneración grave de derechos. El Gobierno tiene el deber de asegurar que un error de esta magnitud no vuelva a ocurrir y que ningún otro adulto mayor vuelva a verse afectado. Con las pensiones no se improvisa ni se juega”, concluyó.
