Las diputadas electas Javiera Rodríguez y Valentina Becerra expresaron su preocupación tras un informe que detalla la entrega de pensiones de gracia por estallido social. El documento indica que el Estado destinó $7.009.644.357 a 418 beneficiarios. Los pagos se concretaron a un mes del término del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Las cifras reactivaron el debate político. Distintos sectores cuestionan los criterios de asignación. También surgen dudas sobre la transparencia del proceso.
Según los antecedentes, la actual administración otorgó 270 pensiones vitalicias. En comparación, durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera se concedieron 148.
Parlamentarias cuestionan uso de recursos públicos en pensiones de gracia
Rodríguez criticó el financiamiento estatal de estos beneficios. “El otorgamiento de pensiones de gracia a delincuentes relacionados con el estallido social por parte del gobierno de Gabriel Boric es una decisión altamente cuestionable. Es inaceptable que el Estado esté desembolsando recursos significativos para pagar beneficios vitalicios a individuos que han participado en actos violentos o delictivos. Es fundamental que estas pensiones sean revocadas y que se establezcan medidas para evitar abusos y asegurar que los beneficios sean asignados de manera justa y transparente”, afirmó Rodríguez.
Becerra pidió revisar el mecanismo de entrega de las pensiones de gracia por estallido social. “Se ha visto cómo, en varios casos, se han beneficiado personas con antecedentes penales que nada tienen que ver con las causas que justifican estas ayudas”, afirmó Becerra. “El hecho de que, hasta hace poco, beneficiarios como Juan Francisco Villalobos Prado mantuvieran su estatus, a pesar de no ser reconocidos como víctimas, es una burla”.
Advertencias institucionales y revocaciones
La Contraloría General de la República detectó 58 pensionados con antecedentes previos al 18 de octubre de 2019. Tras esa observación, el Ministerio del Interior revocó 28 beneficios durante 2024.
Las diputadas insistieron en revisar el futuro de las pensiones de gracia por estallido social. A su juicio, el Estado debe reforzar controles y priorizar otras necesidades urgentes.
“No podemos permitir que recursos públicos sean mal utilizados ni que se perpetúe una injusticia para quienes realmente han sufrido en este país. Considerando la cantidad de recursos públicos involucrados en estas pensiones de gracia, es evidente que el Estado no puede permitirse seguir financiando este tipo de beneficios, especialmente cuando existen otras necesidades urgentes y prioritarias en Chile”, concluyeron.
