Las diputadas Catalina del Real y la diputada electa Javiera Rodríguez emplazaron al Gobierno a otorgar urgencia al proyecto de ley anti motochorros. Lo anterior, tras un violento robo ocurrido en la comuna de Puerto Montt, hecho que reactivó el debate sobre el avance de esta modalidad delictual en distintas regiones del país.
El llamado se produjo tras un asalto perpetrado por un motochorro, situación que, según las parlamentarias, refleja la expansión sostenida de este tipo de delitos. Ambas legisladoras coincidieron en que el Estado debe actuar con mayor decisión frente a un fenómeno que ya no se limita a la Región Metropolitana.
El proyecto anti motochorros se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde permanece desde su ingreso el 12 de julio de 2022. La iniciativa busca endurecer las sanciones penales para los delitos cometidos mediante este modus operandi.
Las parlamentarias fundamentaron su emplazamiento en cifras oficiales entregadas por Carabineros de Chile, las que evidencian un aumento progresivo de denuncias. Según el informe más reciente del Departamento OS9, en 2023 se registraron 183 denuncias, número que subió a 210 en 2024 y que ya alcanza 248 casos en lo que va de 2025.
La diputada Catalina del Real sostuvo que “Los datos son claros y alarmantes, y es nuestra responsabilidad como legisladores reaccionar ante esta realidad. No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan con miedo, y el Gobierno debe mostrar un compromiso tangible para combatir esta situación”.
Por su parte, la diputada electa Javiera Rodríguez puso el foco en las víctimas. “En cada una de estas denuncias hay una historia de angustia, de víctimas que merecen ser protegidas. La inacción del Gobierno es inaceptable, y nuestro deber es garantizar la seguridad de todos los chilenos”, afirmó.
Violencia causada por motochorros en regiones
La preocupación aumentó tras el asalto registrado el 8 de diciembre en el sector Puerta Sur, donde sujetos a bordo de una motocicleta sin patente intimidaron con un arma blanca a un menor de edad. Frente a este hecho, la Unidad Penal Municipal (UPM) presentó una querella criminal por robo con intimidación.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, cuestionó con dureza la respuesta del Ejecutivo. “Nosotros no somos encargados de la seguridad, nos estamos haciendo cargo de una obligación, un deber que es del Gobierno”, señaló. El jefe comunal remarcó que la seguridad pública es un mandato constitucional del Ministerio de Seguridad y advirtió que las comunas no pueden seguir esperando soluciones que corresponden al Estado.
