El diputado Roberto Arroyo solicitó formalmente la creación de una Comisión Investigadora para revisar la actuación del Gobierno y de SENAPRED frente a los incendios forestales que afectaron a la región del Biobío. La petición surge en medio de críticas por la lentitud en la respuesta estatal y por el proceso de reconstrucción tras la emergencia.
El parlamentario expresó su inquietud por las similitudes entre la situación actual y lo ocurrido en Valparaíso, donde —según afirmó— la falta de coordinación agravó las consecuencias del desastre. En ese contexto, sostuvo: “He decidido solicitar formalmente la creación de una Comisión Investigadora por el actuar del Gobierno y de SENAPRED frente a los incendios ocurridos en la región del Biobío. No podemos volver a cometer los mismos errores que ocurrieron en Valparaíso”, afirmó el diputado Arroyo.
La solicitud ocurre mientras vecinos de Penco, una de las comunas más afectadas, han iniciado manifestaciones para exigir mayor celeridad en la reconstrucción y en la entrega de ayuda estatal.
Impacto del desastre y críticas a la gestión
El incendio dejó un saldo de 21 personas fallecidas y 2.996 viviendas destruidas, además de más de 4.000 familias afectadas. Las consecuencias sociales y habitacionales continúan presentes, lo que ha intensificado la presión ciudadana hacia las autoridades.
Durante una actividad realizada frente al municipio de Penco, vecinos levantaron carteles solicitando soluciones concretas y denunciando retrasos en la respuesta institucional. A un mes del siniestro, la construcción de 40 viviendas de emergencia ha sido considerada insuficiente frente a la magnitud de la tragedia.
El diputado Arroyo cuestionó el desempeño del organismo encargado de la gestión de emergencias. En esa línea, afirmó que “SENAPRED no puede transformarse en un organismo que reacciona tarde y mal ante cada catástrofe. El propio SENAPRED enfrentó graves problemas administrativos y financieros, generando desconfianza en su capacidad de gestión”, indicó.
El legislador también enfatizó el impacto institucional de estas falencias. Según sostuvo, “cuando el Estado falla en una catástrofe, no falla un gobierno: falla la confianza pública.”
Objetivo de la Comisión Investigadora
La propuesta busca revisar la coordinación interinstitucional, los tiempos de respuesta y la ejecución de medidas de ayuda. Arroyo señaló que el objetivo es asegurar responsabilidades y mejorar la capacidad del Estado para enfrentar futuras emergencias.
En ese sentido, concluyó que “La verdad, la transparencia y la responsabilidad son fundamentales para recuperar la confianza de aquellos que hoy se sienten abandonados”, subrayando que el proceso debe priorizar a las familias afectadas.
La eventual Comisión Investigadora deberá ahora reunir apoyos en el Congreso para su aprobación, en un contexto donde la gestión de emergencias vuelve a situarse en el centro del debate público.
