
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella interpuesta por el diputado Andrés Celis en contra de la diputada Karol Cariola por tráfico de influencias.
La acción judicial, presentada el pasado jueves, se basaba en antecedentes que vincularían a la diputada Cariola con Yang, empresario asiático que habría financiado viajes de parlamentarios comunistas a China y mantenía estrechos vínculos con el Comité Interparlamentario Chileno-Chino.
Según Andrés Celis, la querella estaba respaldada por documentos, chats y conversaciones que demostrarían que la diputada se comunicó con la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para facilitar gestiones en favor de Yang. Para el parlamentario, estos hechos podrían constituir no solo tráfico de influencias, sino también una eventual forma de financiamiento ilegal de la política.
En ese sentido, el diputado cuestionó la resolución de la jueza Isabel Correa, afirmando que “es incomprensible que se declare inadmisible una querella por corrupción con un argumento que vulnera mis derechos como ciudadano para perseguir delitos de alta connotación nacional”.
Agregó que la magistrada “confunde los requisitos para ser diputado con la capacidad de comparecer en juicio, creando un precedente peligroso que limita la fiscalización parlamentaria y deja en la impunidad hechos graves. Si esto fuese realmente así ¿Cómo se explica que los parlamentarios, incluyéndome, tengamos calidad de querellantes actualmente en diversas otras causas de delitos funcionarios?”
El diputado también señaló que “muy probablemente aquí estamos ante una nueva forma de financiamiento ilegal de la política, y es grave que los tribunales tengan un criterio zigzagueante que podría dejar sin sanción estos actos de corrupción”. En esa línea, advirtió que “lamentablemente, una vez más, vemos cómo se protege a los corruptos en lugar de perseguirlos con rigor”.
Finalmente, Celis Montt también denunció presiones y amenazas previas a la presentación de la querella, señalando que “fuimos objeto de un constante hostigamiento, donde se nos advertía que la querella ya estaba declarada inadmisible antes incluso de ser revisada”.
Apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago
El abogado patrocinante de la querella, Luis Eduardo Cantellano, anunció que recurrirán ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la resolución.
“Atacaremos jurídicamente esta decisión porque es incomprensible por tres razones: primero, impide que cualquier persona pueda ejercer su derecho constitucional a querellarse; segundo, realiza una interpretación restrictiva de los derechos para perseguir delitos; y tercero, lo más grave, confunde el concepto de residencia, cuando es claro que una persona puede tener más de un domicilio, según la teoría clásica sobre esta materia”, explicó.