El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, cuestionó duramente la operación entre el Estado y la Fundación Salvador Allende por el traspaso de obras de arte para saldar una deuda por la compra de un inmueble. En entrevista con La Mañana de Agricultura, el parlamentario denunció un trato privilegiado y posibles vicios legales en el procedimiento.
“Entregar obras para pagar una deuda monetaria es una situación extremadamente excepcional en la administración pública”, advirtió Longton, quien recalcó que para hacerlo se requería un decreto supremo fundado del Ministerio de Hacienda, lo que no se cumplió.
El parlamentario explicó que la deuda proviene de la compra del palacio en 2004 por parte de la fundación, que posteriormente repactó las cuotas pero dejó de pagar durante ocho años. En 2016, se entregaron 22 obras de arte valoradas en 806 mil dólares como dación en pago, pero éstas aún permanecen en manos de la Fundación Allende.
“Hay temor reverencial con la familia Allende”
Longton sostuvo que la operación presenta irregularidades administrativas que ya prescribieron, pero que el problema de fondo radica en la falta de fiscalización y el privilegio político.
“Cualquier chileno que deja de pagarle al Estado, le caen las penas del infierno inmediatamente. Pero acá no hubo embargos, ni llamados de atención”, señaló el diputado, quien también acusó que la simpatía política y el temor a la figura de la familia Allende influyeron en la falta de acciones legales: “Acá todo huele a que aparentemente hubo un interés por parte del Estado de facilitarle las cosas a la familia Allende”.
Finalmente, adelantó que citarán a los ministros de Vivienda y Culturas para que expliquen las acciones que se tomarán para recuperar las obras y garantizar su destino cultural original.
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