El sistema de inhibidores de señal instalado en las cárceles chilenas enfrenta serias fallas que permiten a los internos seguir operando teléfonos móviles y, con ello, coordinar actividades delictivas desde el interior de los recintos penitenciarios. La situación, que se detalló en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), ha causado preocupación entre los parlamentarios.
En ese contexto, el diputado Stephan Schubert y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, expresó su indignación por el fracaso del sistema. “Esta situación es inaceptable, aquí estamos hablando de una inversión de 5.600 millones de pesos. Inversión y proyecto que se hizo público, que se anunció y que en la práctica hoy día también se hace público que no está dando resultado, no está funcionando”, señaló.
“La pregunta es cómo en otros países los mismos inhibidores sí funcionan, pero no en Chile. ¿Es que acaso los delincuentes chilenos tienen mejor conocimiento de tecnología que en otros países?”, se cuestionó el diputado. Además, destacó que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia “deberán explicar cómo es posible que los internos continúen operando desde las cárceles, a pesar de la millonaria inversión”.
“Vamos a oficiar al Ministerio del Interior y también al Ministerio de Justicia y voy a solicitar a la Comisión de Inteligencia que cite al ministro del Interior y a la Subsecretaría de Prevención del Delito”, afirmó.
Por su parte, la diputada republicana, Catalina del Real también se pronunció sobre las fallas del sistema y su impacto en la seguridad pública. “El reportaje sobre las fallas en los inhibidores de señal dentro de las cárceles es alarmante y expone una grave negligencia en la lucha contra el crimen organizado. Es inaceptable que desde estos recintos se sigan orquestando delitos que afectan la seguridad de todos los chilenos”, indicó. Del Real hizo un llamado al gobierno para que asuma responsabilidades y entregue respuestas claras.
“Es urgente que se adopten medidas efectivas para garantizar que los inhibidores funcionen correctamente y que el Estado recupere el control dentro de estos espacios”, concluyó.
El informe de la Contraloría reveló que el sistema, a pesar de ser anunciado como una solución innovadora para frenar la actividad delictiva en las cárceles, presentaría fallas técnicas que permiten a los internos acceder a internet y comunicarse con el exterior sin ser detectados.
