Un grupo de diputados de oposición presentó una acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán Baronti, por su presunta infracción a la Constitución al no cumplir con su deber de resguardar el orden público durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza, disputado el pasado 10 de abril en el Estadio Monumental, evento que terminó con la muerte de dos personas y múltiples incidentes.
Según el libelo, el delegado habría actuado de manera negligente al autorizar el partido solo horas antes de su realización y al no suspender el encuentro pese a múltiples alertas públicas sobre posibles disturbios, incluidas convocatorias en redes sociales a una “avalancha humana”. También se le imputa no haber aplicado medidas preventivas adicionales pese al alto riesgo asociado al evento.
Acusación cuestiona rol del delegado ante ola de violencia
“El delegado no suspendió el partido a pesar de los desórdenes previos, de la muerte de dos personas y del ingreso forzado de hinchas a la cancha. Esto constituye una clara vulneración al deber constitucional de mantener el orden público”, sostiene el documento ingresado por parlamentarios de Chile Vamos, Republicanos y el Partido Social Cristiano.
Los acusadores argumentan que el deber de garantizar el orden público emana directamente del artículo 24 de la Constitución, y que como representante natural e inmediato del Presidente en la región, el delegado tiene una responsabilidad directa e ineludible en este ámbito. En el texto se subraya además que la resolución que autorizó el partido fue emitida apenas cuatro horas antes del inicio del encuentro, lo que consideran como una “demora injustificable”.
Entre las omisiones detalladas, se menciona que Durán no suspendió el evento ni siquiera después de ser informado del fallecimiento de dos personas, decisión que solo adoptó una vez que hinchas invadieron el campo de juego en el minuto 68.
La acusación solicita a la Cámara de Diputados declarar que ha lugar a la acción, lo que permitiría su formalización ante el Senado, buscando la destitución del delegado y su inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos.
